Olga Ballester, diputada de Ciudadanos, anunció este martes en el pleno del Parlament que "la justicia ha parado" el desahucio de las 11 familias de "la justicia ha parado" el desahucio de las 11 familiasPortocolomcuyas viviendas se encuentran en zona de dominio público. Según precisó Ballester, se ha aceptado el recurso contra la reversión de las concesiones por lo que por el momento se paraliza el desalojo que iba a llevarse a cabo mañana.
Ballester efectuó este anuncio durante una pregunta dirigida a la presidenta del Govern, Francina Armengol, emplazándole a buscar una "fórmula jurídica" que permita a estas familias continuar en sus viviendas. "La responsabilidad última sobre el desalojo la tiene usted, señora Armengol", dijo a la jefa del Ejecutivo balear tras recordar que estas viviendas revertirán al Govern. En este sentido, aseguró que "hay instrumentos jurídicos para alargar la concesión por interés social, ya que se trata de la vivienda habitual" de estas familias entre las que hay personas de avanzada edad y sin una alternativa de vivienda.
Armengol insistió en que el Govern esta obligado a cumplir la Ley estatal de Costas de 1998, que "obliga a que en 30 años se tienen que revertir todas las concesiones las concesiones" que están en dominio público. "Tenemos la obligación de hacerlo porque sino cometeríamos una ilegalidad", dijo la presidenta quien aseguró que el Ejecutivo buscará alterativas de vivienda para estas familias si es necesario.
"Claro que estamos buscando soluciones, y nos sabe mal pero la Ley estatal prohíbe expresamente el uso residencial en estas zonas, que son de todos", insistió Armengol quien añadioó que "el único territorio de España con viviendas en zona de dominio público es Balears", en Portocolom y Fornells.
"No somos okupas, estamos al día de todos los pagos impositivos"
El portavoz de la Plataforma pel Front Marítim de Portocolom, Guillem Monserrat, expresó este martes su satisfacción después de conocer la paralización por el momento de la orden de desahucio. En declaraciones a este diario, Monserrat explicó que la semana pasada presentaron un recurso contencioso-administrativo en que, como medida cautelar, solicitaban esta paralización temporal, lo que ahora, apuntó, ha aceptado el juez. El portavoz vecinal recordó los argumentos expuestos en las últimas semanas en el sentido de que los vecinos que habitan estas viviendas "no son okupas". "Estas casas no nos tocaron gratis. Las hicieron nuestros antepasados", arguyó. Monserrat reclamó que les den alternativas al desahucio, ya sea en forma de una prórroga de unos años más mientras se elabora un nuevo plan de gestión, o bien algún tipo de compensación económica.
De momento, reconoció, a lo que aspiran es a ganar algo de tiempo hasta que los actuales gestores políticos o quienes los sustituyan tras las próximas elecciones sean más sensibles con su situación legal. "Si nos tenemos que ir, queremos algo a cambio. Aquí lo que hay es un problema de especulación", manifestó.
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