El juez de instrucción Enrique Morell ha ditcado el archivo del caso Contratos, la presunta trama de trato de favor por el actual Govern a Jaume Garau, exideólogo de la campaña electoral de Més en 2015, con contratos de consultoría. Morell entiende que los hechos que fueron denunciados por la fiscalía anticorrupción no son constitutivos de delito, decreta el sobreseimiento de la causa y deniega la práctica de la prueba pedida por el Partido Popular, que hace unas semanas se personó como acusación popular. El sobreseimiento se extiende a todos los investigados que fueron altos cargos de Més, el partido ecocosoberanista que forma parte del actual Govern.
El magistrado ha decidido dar carpetazo a la causa sin pedir la opinión al Govern, que ejercía la acusación particular, y al PP, al que la Audiencia autorizó su personación.
El juez entiende que tras la larga instrucción, con informes de la Policía Nacional y Agencia Tributaria, declaraciones de los investigados y de testigos, se llega a la conclusión de que no hubo delitos en los contratos adjudicados a Jaume Garau.
La querella de la fiscalía anticorrupción se dirigió contra la empresa que utilizaba Garau para que sus compañeros de Més le adjudicaran los contratos, Regio Plus Consulting, cuyo administrador es el propio Garau. Además del exjefe de campaña de Més y de la exconsellera de Cultura Ruth Mateu, también fueron denunciados por la fiscalía tres excargos más del pacrtido. Se trata del exdirector general de Cultura, Jaume Gomila; el exdirector del Institut d'Estudis Baleàrics, Josep Ramón Cerdà, y del exdirector de la Agencia Balear de Turismo, Pere Muñoz. Todos ellos firmaron contratos menores o negociados con Garau.
Según la fiscalía, el exdirector de la Agencia de Turismo de las Illes Balears (ATB), Pere Muñoz, "ejecutó el fraccionamiento" de un contrato por valor de unos 80.000 euros, del que "se beneficiaron económicamente" Garau y otro empresario. El objeto del trabajo era la realización de una encuesta sobre satisfacción turística.
Por la cuantía de su importe, la ATB estaba obligaba a adjudicarlo por concurso. Sin embargo, en lugar de ello se fraccionó el expediente para poder otorgarlo en dos contratos a dedo por separado: así Muñoz adjudicó uno a la empresa de Garau por 21.562 euros, y el segundo a la consultora MTR, SL, por 58.000 euros, según se postula en la querella de la fiscalía anticorrupción.
Jaume Garau explicó que los contratos no se habían fraccionado y que era normal, más útil y más baratos, entre las Administraciones el encargar encuestas sobre varios asuntos y luego utilizar los resultados en distintas investigaciones demoscópicas. Las explicaciones dadas por los otros cuatro investigados también han convencido al juez instructor de su inocencia.
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