Los insistentes rumores que corrieron en las islas hace unos años, en plena crisis, sobre la quiebra de la caja de ahorros autonómica Sa Nostra y que aconsejaban una rápida extracción de los fondos, se han visto confirmados ahora con la querella de Bankia por la operación de venta de 24 inmuebles de la entidad, un caso reabierto el 19 de febrero por la Audiencia Nacional. El banco sucesor de Sa Nostra admite que esa caja de ahorros ya estaba en insolvencia en 2010 y culpa a sus dos máximos exgestores, Pere Batle y Pau Dols, de intentar ocultar esa ruina simulando que la entidad había obtenido capital con la venta de sus inmuebles, entre ellos las históricas sedes del Centre Cultural y el edificio Ramon Llul.
El abogado y exfiscal Carlos Castresana es el redactor de la querella de Bankia, que fue interpuesta en octubre pasado y que ahora tendrá que investigar el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Castresana mantiene que las "operaciones financieras de altísimo riesgo, escasa o nula racionalidad económica y por completo alejadas de la prudencia exigible a los administradores de patrimonios ajenos", efectuadas por la cúpula de la caja con el promotor Martín Gual y la sociedad Sotohermoso, entre las que destaca la frustrada urbanización de Son Bordoy, crearon esa ruina.
"Pérdidas insoslayables"
Estos negocios se desarrollaron entre 2005 y 2011 y son objeto de otra causa judicial en la Audiencia Nacional -el caso Sa Nostra- que está en fase de una segunda redacción del auto de procesamiento contra Pere Batle, Pau Dols, Rafael Gerardo Oliver, Martín Gual y Javier Collado. El resultado de la financiación de aquellas inversiones fue un presunto descuadre de más de cien millones de euros para Sa Nostra.
En 2010, la "insolvencia de Sa Nostra era ya manifiesta y la entidad arrojaba pérdidas insoslayables", afirma la querella.
Las auditorías posteriores han revelado que la caja, que dependía del Govern, tuvo en 2010 un resultado de explotación negativo de 30,83 millones. La operación Atela, como así se llamaba la empresa que "compró" los 24 inmuebles de Sa Nostra con préstamos de la propia entidad, consiguió que los 30,83 millones de pérdidas de 2010 se convirtieran, contablemente, en 13,69 millones de resultado positivo.
De acuerdo con la querella, el negocio de Atela causó a la caja unas pérdidas de 60 millones y la imposibilidad fáctica de recuperar ese valioso patrimonio.
Castresana sostiene que Batle y Dols habrían urdido la jugada Atela para conservar sus altos puestos y seguir manejando las riendas de la entidad, disimular las pérdidas de la operación Son Bordoy y evitar que el Banco de España rescatara a la caja, algo que ocurrió dos años después cuando ya estaba integrada en BMN.
"Esconder la insolvencia no solucionaba el problema, pero permitía a los querellados ganar tiempo. Abordaron una estrategia de huida hacia delante que, siendo más ruinosa si cabe que las anteriores, les permitía, sin embargo, presentar unas cuentas en 2010 con aparentes beneficios", argumenta la querella.
El juez Pedraz tendrá que investigar quiénes estaban en realidad detrás de Atela, dos de cuyos propietarios, Juan Carlos Smith Morrondo y Ángel Barrachina Moreno, figuran entre los querellados. También tendrá que aclarar si Atela ha incurrido, como apunta la Sala de lo Penal, en un posible delito de insolvencia punible en esta operación La querella pide, en ese sentido, que se investiguen unos traspasos de fondos a Luxemburgo.
