Las Islas Baleares consiguen un suspenso categórico, con un 2,9 sobre 10, a la hora de atender a personas en situaciones de dependencia, según se desprende del XIX Dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, presentado este jueves.
Esta valoración no es ninguna novedad puesto que lleva suspendiendo en este aspecto durante los últimos diez años, y sin visos de mejora en el futuro. Los parámetros que hacen que la comunidad suspenda tan claramente son variados y presentan una fotografía negra de la actualidad sobre la atención que se dispensa a las personas dependientes y la ayuda a sus familiares, que han de lidiar con una situación difícil sin la colaboración de los servicios sociales de su entorno.
En el año 2018 se iniciaron casi 28.000 solicitudes de asistencia de las que solo 20.000 consiguieron finalmente derecho a prestación, 5.000 solicitudes fueron denegadas mientras que casi 3.000 de ellsa permanecen en un limbo pendientes de valoración final. La acumulación de tantas solicitudes sin resolver en estos últimos años hace que se necesiten hasta 2 años para poder eliminarla, lo que deja claro que existe un claro problema de falta de recursos para atender la demanda actual.
El verdadero problema actual se encuentra en el escaso número de puestos de trabajo del sistema de dependencia de Baleares (1.943), un número que no se ha incrementado pese a la alta demanda y que representa a la mitad de la media del resto de España. Por ello, el 90% de las nuevas atenciones son de teleasistencia y promoción, siguiendo la línea de usar servicios de bajo coste desde el 2007.
El rechazo de los PGE; más sal en la herida
Por si fuera poco, la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del 2019, tumbados hace pocas fechas y que desembocarán en nuevas elecciones generales el mes de Abril, ha perjudicado el futuro del sector. Los PGE preveían una inversión de más de 7 millones de euros para personas en situación de dependencia, lo que hubiera posibilitado la creación de más de 129 empleos y haber atendido a 1.348 personas más. Si a eso se suma el ajuste presupuestario de este 2018 por el que las Baleares han dejado de percibir del Estado 8,4 millones de euros en este aspecto, la herida se hace mucho más profunda y deja a las claras la desprotección de la ciudadanía en la ayuda a sus personas dependientes.
