Solidaridad y justicia. Quizás estas dos palabras estén ausentes de las leyes, decretos y reglamentos que regulan la adjudicación y uso de las viviendas públicas. Solidaridad y justicia deberían figurar en el frontispicio de Ibavi igual que luce el 'Todo por la patria' en las casas-cuartel de la Guardia Civil.

Solidaridad porque ninguna administración pública puede permitir que se desahucie de una de sus viviendas a una familia que se encuentra en situación de insolvencia extrema. No importa si al Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) le deben cinco o cincuenta millones de euros si este pasivo sirve para garantizar uno de los derechos fundamentales de la Constitución, el que marca el artículo 47: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Solidaridad para que el drama de la pérdida del hogar no golpee a los más débiles.

Pero entre los principios del Ibavi también debe escribirse en letras de molde la palabra justicia. Hace unas semanas la abogada Marina Terrasa le decía a Matías Vallés que "hay quien deja de pagar el alquiler para no privarse de otras cosas". Si grave es la jeta de quienes se burlan del propietario privado, peor es el pecado de aquellos que se mofan del Govern. Los inquilinos que no abonan la mensualidad con la misma caradura que el millonario que elude sus impuestos deben ser expulsados inmediatamente. Su actitud es una afrenta hacia todos los que de verdad necesitan un hogar de titularidad pública.