El Govern, y en concreto la conselleria de Servicios Sociales y Cooperación, han solucionado un problema que, desde hacía décadas afectaba a muchas de las personas incapacitadas judicialmente: la ausencia de una entidad pública que asumiera su tutela. Este lunes por la mañana Fina Santiago, consellera de Servicios Sociales, y el teniente fiscal de Balears, Ladislao Roig, hicieron la presentación pública del nuevo Servei de Tutela de Persones Adultes, que, en sus cuatro primeros meses de andadura, ya atiende a 188 casos, aunque las previsiones pasan porque en un corto plazo los tutelados ronden los 900.

Roig y Santiago expliaron como hasta ahora decenas de personas declaradas incapaces (por múltiples motivos y situaciones) carecían de tutor legal, porque sus familiares no querían ejercer ese rol, carecían de parientes o ni el Govern ni los Ayuntamiento querían asumir esa complicada función.

En los últimos años, y subsidiariamente, una ONG privada, la Fundación Aldaba, ha tutelado a centenares de estas personas, pero se ha visto desbordada ante el aluvión de solicitudes y la complejidad de la asistencia a muchos de los tutelados. Otras fundaciones, ligadas a asociaciones de atención a determinados enfermos o incapaces, también ejercen de tutores, pero, según ha denunciado el fiscal Roig en las últimas Memorias de la Fiscalía, los recursos eran totalmente insuficientes.

Queja de 30 años

Ladislao Roig y la también fiscal Pilar Dorrego señalaron que "la incapacitación judicial no reviste mucha complejidad, los problemas empiezan después al plantearse qué hacemos con esa persona, quién la tutela". Roig se ha congratulado de la creación del nuevo servicio, "una queja mía desde hace 25 ó 30 años que soy fiscal de la sección de incapacidades y que ahora ha sido atendida por la Conselleria".

El nuevo Servicio está adscrito a la Fundación de Atención a la Dependencia y cuenta con 34 profesionales, entre asistentes sociales, psicólogos, abogados. economistas, graduados en empresariales, trabajadores e integradores sociales y personal administrativo.

Según indicó Santiago, el servicio está dividido en dos vertientes: la primera se encarga de valorar los casos y cribar los supuestos en los que es necesaria la incapacitación de aquellos que tengan simplemente carácter social. Los casos seleccionados son remitidos a la fiscalía, que habitualmente se encarga de formular las demandas de incapacitación.

La segunda estructura es la atención a los tutelados, que han sido clasificados, según sus necesidades, en tres niveles: base, medio y alto.

No es lo mismo, por ejemplo, la atención a una persona mayor que está en una residencia, que la tutela de otra persona con problemas mentales y que vive en la calle. En los cerca de 200 casos asumidos por el sevicio se hallan incapaces de todos los niveles. Las previsiones pasan por tutelar este año a 400-450 incapacitados y a medio plazo la cantidad de asistidos podría rondar los 900 ó 950.

El tutor se encarga, entre otras funciones, de administrar el patrimonio del incapacitado, de ahí la presencia en el equipo de econoministas o graduados en empresariales. "La sentencia de incapacitación no cura y hay múltiples problemas tras la declaración", apostilló Roig.

La conselleria cuenta con un centro de atención en el barrio de Son Espanyolet de Palma, otro en Inca y el proyecto de abrir un tercero en Manacor.

A la visita a las dependencias del servicio también ha asistido los directores generales de Planificación y Servicios Sociales, Andreu Horrach, y de Dependencia, Juan Manuel Rosa; la gerente de la Fundación de Atención a la Dependencia, Alejandra Pavlovic y la delegada de personas incapacitadas de la Fiscalía de las Illes Balears, Pilar Dorrego.