El Real Decreto de 28 de diciembre que regula la Formación Profesional incluye un punto que genera inquietud entre administraciones y empresas: la obligatoriedad de que todos los estudiantes que hagan prácticas sean dados de alta en la Seguridad Social, aunque sean obligatorias para obtener el correspondiente título formativo y no estén remuneradas. Y ahí entrarían las prácticas que deben hacer los alumnos de FP.

Maria Alorda, directora general de FP, dice entender "el fondo de la medida" (mejorar las condiciones de los estudiantes en las empresas) pero cree que los ciclos formativos no deberían haberse incluido (y menos por sorpresa como se hizo). Tras el revuelo generado, el ministerio de Trabajo ya anunció que este punto no entrará en vigor este curso: "Todos respiramos más tranquilos".

Ahora toca esperar a ver cómo se desarrolla el Real Decreto para aclarar cómo se haría, quién lo pagaría... un despliegue que puede quedar paralizado por las elecciones generales.