Airbnb tendrá que pagar ya la multa de 300.000 euros que el Govern le impuso hace un año por comercializar una veintena de alquileres turísticos ilegales en las islas. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha desestimado el recurso de la plataforma en el que solicitaba la suspensión del pago de manera cautelar hasta que haya una sentencia en firme sobre la sanción.
La sala considera que dejar la sanción en suspenso "podría causar un perjuicio a los intereses generales", al tiempo que "quedaría mermado el carácter ejemplarizante" de la multa. Y duda de que el abono inmediato de la misma suponga un perjuicio para la plataforma. "La parte recurrente debería demostrar que por su volumen de negocio dicha sanción le ha de causar el importante quebrando que anuncia, ya que es evidente que la comparación debe realizarse entre el importe de la sanción y el volumen de negocio de la empresa sancionada (...)".
El TSJIB no ve inconveniente en que el popular portal pague ahora, con independencia de que en el futuro pueda haber una sentencia favorable a sus intereses. En tal caso, considera el tribunal, "sería fácilmente resarcible [la cantidad de 300.000 euros] mediante el correspondiente reintegro a satisfacer por la Administración".
La conselleria de Turismo sancionó en febrero de 2018 a Airbnb con 300.000 euros por publicitar alquileres vacacionales ilegales pese a las repetidas advertencias del departamento que dirige Bel Busquets para que los retirara. El Govern ratificó la sanción en noviembre, por lo que la plataforma decidió defenderse en los tribunales ordinarios.
La sala insite en su respuesta a Airbnb en que "no se advierte otro prejuicio que el propio de cualquier pago indeseado de una multa", al tiempo que considera "reparable" ese supuesto quebranto para la empresa.
Anuncios ilegales
El inicio del expediente sancionador contra el popular portal de alquiler turístico se remonta a agosto de 2017, cuando la dirección general de Turismo avisó a Airbnb de que estaba comercializando viviendas que carecían de o bien de la declaración responsable de inicio de actividad turística o bien del número de inscripción turística.
La cuantiosa sanción debía ser un aviso para otras plataformas y agencias que comercializan alquileres vacacionales en las islas. Sin embargo, a día de hoy siguen abundando los anuncios de alquileres ilegales en Palma, donde el arrendamiento vacacional está completamente prohibido en pisos.
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