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La guerra sucia del Caso Cursach

La campaña de acoso a los investigadores de la corrupción policial se ha llevado por delante al juez y a varios de sus principales colaboradores

La guerra sucia del Caso Cursach

"Ahora, después de todo lo que ha pasado, creo que escupimos demasiado alto. Si pudiera volver atrás no lo haría, no me metería con esta gente". El comentario es de un agente de Policía que participó durante años en la investigación sobre la trama de corrupción en la Policía Local de Palma que desembocó en la detención del magnate de la noche Bartolomé Cursach. Este policía ha pagado un alto precio por realizar su trabajo, en forma de acoso, amenazas y problemas laborales.

Desde el inicio de la investigación los policías y empresarios acusados han mantenido una actitud beligerante, que se han traducido en amenazas, palizas a testigos, manifestaciones y campañas mediáticas, que han provocado un gran desgaste a los investigadores.

El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, que dirigieron la investigación, llevan años soportando amenazas, acoso y una brutal campaña mediática en contra. Finalmente el juez fue apartado del caso por "pérdida de apariencia de imparcialidad". Los policías nacionales del Grupo de Blanqueo que investigaron a Cursach acabaron detenidos por sus propios compañeros por una denuncia de revelación de secretos. Los escoltas del alcalde de Palma, que colaboraron en la investigación, también fueron acosados y amenazad0s, al igual que otros agentes que denunciaron prácticas corruptas. En la lista de amenazados están la concejala de Seguridad Ciudadana y su director de Seguridad. Este último dejó el cargo en cuanto tuvo ocasión. Varios testigos de la acusación han sufrido agresiones.

Todo comenzó antes de que el Caso Cursach fuera conocido así. En julio de 2013 la Guardia Civil y Policía Nacional llevan a cabo la operación Casablanca, en la que desmantelan una rama de la banda motera Ángeles del Infierno asentada en la Playa de Palma, acusados de tráfico de drogas, extorsiones, coacciones y prostitución, entre otros delitos. Entre los 25 detenidos hay dos policías locales que presuntamente colaboraban con los delincuentes. Durante esta investigación aparece otro policía local que entrega un documento notarial que demuestra que tuvo acceso a las preguntas de las oposiciones para la promoción interna de la Policía Local de Palma. Se trataría de una estrategia para blindar en la cúpula de la Policía a un grupo de funcionarios estrechamente vinculados al Partido Popular.

Dos meses después, en septiembre de 2013, agentes de la Guardia Civil irrumpen en la sede policial de Sant Ferran e intervienen los equipos informáticos del jefe y abundante documentación. Es el inicio de la operación Sancus, que se extiende más allá del amaño en las oposiciones. Los investigadores descubren una trama corrupta en la que numerosos agentes de la Policía Local recibirían prebendas, en forma tanto de dinero como de copas y servicios sexuales, por parte de empresarios de la noche de Palma y s'Arenal. Los agentes hacían la vista gorda en sus negocios y en cambio acosaban con constantes controles en los de la competencia.

Esta primera fase de la investigación llevó a la imputación de unos cincuenta policías, la mitad de los cuales ingresaron en prisión preventiva por orden del juez Manuel Penalva. En febrero de 2015 es arrestado Miquel Pascual Bibiloni, un conocido empresario de s'Arenal y uno de los supuestos beneficiados de la trama corrupta. El escándalo provoca el cese de tres jefes de la Policía Local -Antonio Vera, Joan Mut y Antoni Morey- y del director general de Seturetat de Cort con Mateo Isern, Enrique Calvo. Ya en esa primera etapa aparecen los primeros intentos de los sospechosos por amedrentar a los investigadores y a quienes les apoyan.

"Está jugando con fuego"

"Señora Pastor, este cargo le viene grande. Está jugando con fuego. Somos policías muy amigos de los dos oficiales que están en la cárcel por su culpa. Usted se la juega. (...) Cuidado que no la peinemos". Angélica Pastor apenas llevaba un mes como concejala de Seguretat de Palma cuando en junio de 2015 le llegó este anónimo, aderezado con insultos sexistas, a su despacho cuartel de Sant Ferran.

En los meses anteriores los escoltas del alcalde, que habían participado en la investigación, se habían encontrado una diana dibujada en el parabrisas de su coche. Durante unas prácticas de tiro, varios de los policías investigados gritan los nombres de otros agentes que colaboraban con la justicia al tiempo que disparan. Varios testigos de la acusación reciben amenazas y palizas.

Pero el principal objetivo desde un principio fueron el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, máximos responsables de la investigación. Penalva era un juez veterano y discreto, con fama de riguroso pero prácticamente desconocido fuera del ámbito jurídico, hasta el punto de que en los archivos de los periódicos apenas hay fotos suyas de su etapa anterior. Subirán había participado ya en varias sonadas operaciones anticorrupción, aunque en esa época se mantenía en un segundo plano tras los fiscales Juan CarrauTras hacerse cargo del caso pasan a sufrir una sobreexposición mediática que llega a extremos inauditos. Algún medio critica a Penalva por su afición a la caza. A Subirán intentan ridiculizarle porque se desplaza en un patinete eléctrico.

Pero los intentos de amedrentar a juez y fiscal van mucho más lejos. Subirán detecta que intrusos han entrado en su casa de Palma y en su apartamento de la Colònia de San Jordi. En otra ocasión le robaron la moto del interior de su garaje y también le desinflaron las ruedas de su coche. Otros desconocidos pegan fuego a un coche en el garaje de Penalva. El juez está convencido de que querían quemar su vehículo, pero se equivocaron. Los dos funcionarios solicitan protección policial.

La presión se multiplica a partir del 27 de febrero de 2017, cuando la Policía Nacional detiene a Bartolomé Cursach y a su director general, Bartolomé Sbert. El juez Penalva ordena su ingreso en prisión preventiva. Los investigadores sitúan al gran magnate de la noche mallorquina, dueño de negocios como la discoteca BCM, el Megapark o el gimnasio Megasport, en la cúspide de la trama corrupta. Sería en gran instigador del acoso a los locales de la competencia, el gran corruptor de funcionarios que archivaban cualquier denuncia en su contra. Tras su arresto la maquinaria contra los investigadores cobra una fuerza inusitada.

Cursach contrata varios equipos de abogados. El principal es el del exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina. La estrategia que marca el magnate durante el año que permanece en prisión preventiva consiste en hacer ruido, desprestigiar a los responsables de la investigación y tratar de dilatar la instrucción.

Otro de sus abogados, Vicente Campaner, organiza en noviembre de 2017 una manifestación a la que concurren unas 200 personas. La mayoría de ellos son trabajadores del Grupo Cursach y policías acusados de corrupción, pero tratan de dar la vuelta a la tortilla y presentarse como las víctimas. Portan una pancarta que reza:" Corrupción en el juzgado de instrucción". Los congregados piden la prisión para Penalva y Subirán. Otras dos manifestaciones parecidas se repiten en las semanas siguientes.

Primeras bajas

La campaña de intimidación empieza a obtener frutos. En febrero de 2016 Martí Capó, entonces director general de Seguretat de Cort, se había encontrado una diana pintada en su moto, aparcada frente a su domicilio, y enfrente la frase: "Te esperamos". En los meses siguientes le pincharon las ruedas y le rayaron el coche. En junio de 2017 dimite del cargo "por motivos personales". Uno menos.

En abril de 2017, uno de los agentes de la Policía Local que ha colaborado más activamente con la fiscalía es amenazado con un arma de fuego mientras regresaba en coche a su casa, en la Part Forana. Una moto con dos ocupantes le adelanta y uno de ellos le apunta con un revólver. El policía acierta a sacar su propia arma y realiza un disparo intimidatorio antes de salirse de la carretera. El fuerte impacto emocional le obliga a cogerse una larga baja médica. Otro menos.

En marzo de 2018 la Audiencia de Palma acepta la recusación del juez Penalva solicitada por varios abogados. Aquí ha sido fundamental el papel de una testigo protegido, la conocida como "la madame". Inicialmente había declarado como testigo de la acusación, al afirmar que Cursach había sufragado fiestas con prostitutas en el burdel que ella regentaba a las que asistían policías y destacados políticos. Esta mujer posteriormente entregó a los abogados de Cursach una copia de una conversación de whatsapp en la que ella le relataba las presiones que estaba sufriendo por parte de la trama corrupta. El juez la animaba llamándola valiente y tachaba de "hijos de puta" a los que la acosaban. La Audiencia consideró que esta conversación denotaba una "pérdida de apariencia de imparcialidad", suficiente para apartarlo del caso. Otro menos, y en este caso, el principal impulsor de la investigación.

La instrucción recae entonces por reparto en el juez Juan Florit, que se enfrenta a un sumario que reúne miles de páginas, fruto de un ingente trabajo de investigación desarrollado durante seis años.

En julio del año pasado, DIARIO de MALLORCA publica un informe realizado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía, que cifra en 51 millones de euros el fraude fiscal del Grupo Cursach durante los años anteriores. Esta información da pie a una demanda del abogado defensor de Bartolomé Sbert por revelación de secretos.

El exjefe superior de Policía de Balears, Antonio Jarabo, impulsa a partir de esta demanda una investigación inaudita en España. Durante seis meses, dos de los mejores investigadores de la Policía Nacional -los dos antiguos jefes del Grupo de Homicidios- controlan las actividades de los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou, de DIARIO de MALLORCA y la agencia Europa Press. La paradoja llega al extremo de que la Policía, en lugar de investigar a Cursach, se dedica a espiar a medios de comunicación y culmina con la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas. Esta situación se produce en medio de un enfrentamiento entre uno de los jefes de la Policía y el Grupo de Blanqueo, que le había investigado por otro supuesto caso de corrupción. Finalmente la investigación del presunto caso de revelación de secretos conduce a la detención del jefe y de uno de los miembros del Grupo de Blanqueo. Dos menos. El grupo que ha investigado el Caso Cursach queda desmantelado.

El pasado diciembre la fiscalía Anticorrupción publica su escrito de acusación, lo que señala la inminente apertura de juicio. Se sentarán en el banquillo 24 acusados, entre ellos la cúpula del Grupo Cursach, un exjefe de la Policía Local, trece oficiales y agentes de la Policía y funcionarios de los ayuntamientos de Palma y Calvià. Se enfrentan a un total de 140 años de cárcel.

Casi al mismo tiempo se activa una web denominada buscandojusticia. En ella, una denominada Asociación de Víctimas de Arbitrariedades Judiciales (pese a que no está inscrita como asociación) pone en marcha una campaña para que investiguen al juez Penalva y al fiscal Subirán por corrupción. La mayoría de los que intervienen en esta web, muy activa en las redes sociales, son policías acusados, que mantienen así su particular pulso a la administración de Justicia.

El último episodio ha sido la publicacion de una grabación realizada por uno de los policías imputados de una conversación con el exalcalde de Palma, José Hila, en la que intenta que reconozca que sufrió presiones por parte de Penalva y Subirán para actuar contra la trama corrupta. La grabación se realizó en 2017, cuando Hila era todavía alcalde, pero había permanecido guardada en un cajón hasta ahora

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