Ya es una realidad. Al menos una parte y a la espera de su validación por parte del Congreso. El consejo de ministros del Gobierno central ha aprobado esta mañana el Régimen Especial de Balears (REB). Lo ha hecho, tal y como estaba previsto, una parte vía decreto ley y otra, a través de un anteproyecto de ley. "Establecemos medidas económicas y fiscales para compensar la insularidad" de Baleares, ha defendido la medida la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa.

Debido al adelanto de las elecciones y las dudas de los servicios jurídicos del Gobierno, hoy sólo ha podido quedar aprobada una parte vía decreto ley. La presidenta del Govern, Francina ArmengolFrancina Armengol, explicó que de aprobarse la parte fiscal ahora a través del decreto ley "el Tribunal Constitucional lo tumbaría" y que, por ello, irá a través de proyecto de ley. En cualquier caso, se mostró confiada en que "aunque gobierne la derecha en España, la parte fiscal también se aprobará". Además, recordó que de haberse aprobado ahora no habría entrado en vigor hasta 2020 y que, para entonces, confía en que el próximo Gobierno que haya en Madrid lo deje aprobado.

Lo que, a expensas de la validación por parte de la diputación permanente del Congreso, ya entra hoy en vigor es la otra parte del REB, que Armengol logra salvar en el tiempo de descuento y en un escenario complejo: un fondo que garantizará que las islas estén en la media de inversión del Estado, lo que supone en torno a 150 millones de euros, una inversión en materia energética, que destinará en los próximos diez años cerca de 1.600 millones a los cables eléctricos submarinos para conectar Mallorca con Menorca y con la península, e inversión al transporte terrestre, de la que hasta ahora sólo se beneficiaban Madrid, Cataluña y Canarias.

"Se reconoce el hecho insular como circunstancia a tener en cuenta en el equilibrio del territorio español", ha explicado la ministra portavoz Isabel Celáa, que ha explicado que el fondo de insularidad se tratá de "un instrumento financiero para que Balears reciba las inversiones estatales en la media española".

También queda blindado negro sobre blanco es el blindaje del descuento de residente del 75 por ciento para viajar a la península y el compromiso de exigir a Bruselas eximir a Balears del decreto de mínimis para poder subvencionar al 65 por ciento el transporte de mercancias.