Sobre la bocina, Balears tendrá nuevo Régimen Especial (REB). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo aprobará mañana a través de decreto ley. Sin embargo, debido al adelanto de las elecciones y las dudas de los servicios jurídicos del Gobierno, sólo podrá quedar aprobada una parte vía decreto ley: el fondo de insularidad para poner en la media de inversión a Baleares, lo que hoy representa algo más de cien millones; el blindaje del ya en vigor descuento de residente del 75 por ciento y el acceso del transporte terrestre de las islas a las inversiones del Estado. Los beneficios fiscales, que representaban la otra pata del Régimen Especial, irán por anteproyecto de ley, lo que provocará que solo se apruebe mañana por Consejo de Ministros, pero no se haga efectivo en esta legislatura. De este modo, quedará la mitad del REB en el aire a expensas de la mayoría parlamentaria que salga del 28-A.

De este modo, la presidenta del Govern, Francina Armengol, salva en el tiempo de descuento y en un escenario complejo un REB al que aferrarse pero que dista de la propuesta inicial hecha desde Baleares: tal y como se adelantó no habrá fondo fijo de 400 millones como se reclamaba y queda en el aire tanto la subvención al transporte de mercancías por la normativa de Mínimos de la Unión Europea como todas las ventajas fiscales para que las empresas de las islas puedan compensar la insularidad, lo que no superará el inicio de la tramitación.

Con todo, el REB que quedará aprobado se ajusta a la propuesta "de mínimos" que anticipaba Més ayer y con la que se conforman los ecosoberanistas después de haber rebajado sus reivindicaciones de que la medida no podía servir para poner a las islas en una media de inversión que ya cumplía el Estatut.

Armengol ha citado hoy a los principales agentes sociales en el Consolat para informarles de todo ello y detallará posteriormente ante los medios esta medida.

Desde el anuncio de la convocatoria de elecciones, desde el Govern se había doblado la presión sobre Madrid para desencallar un REB cocinado desde finales del año pasado y pendiente apenas de algunos flecos, entre ellos la fórmula jurídica para acelerarlo. Tal y como se anunció se hará a través de un decreto ley que deberá ser validado por la diputación del congreso, donde la aritmética obliga al apoyo de PP, de Ciudadanos o de los partidos nacionalistas e independentistas para que sea validado y entre en vigor. Mientras que anteproyecto de ley iniciará su tramitación pero quedará en el aire hasta la próxima legislatura.

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