La consellera de Salud, Patricia Gómez, defendió ayer en el Parlament el nombramiento de Joan Buades como nuevo jefe de Nefrología de Son Espases asegurando que, pese a que esta designación ha tenido una fuerte contestación por parte de once de los doce facultativos del serviciofuerte contestación por parte de once de los doce facultativos del servicio del hospital de referencia, el candidato finalmente elegido sí cuenta con el respaldo del resto de nefrólogos de los diferentes hospitales públicos de Mallorca, recalcó aludiendo a Son Llàtzer y los comarcales de Inca y Manacor.

La consellera, que fue interpelada por el nombramiento durante el pleno de ayer por los diputados Carlos Saura, de Podemos, y Vicent Serra, del PP, subrayó que Buades está avalado por su trayectoria como gestor "en el segundo hospital de esta comunidad (en referencia a su cargo de jefe de Nefrología de Son Llàtzer) y por su dilatada experiencia".

Asimismo, ante las críticas del diputado popular, Gómez esgrimió un documento publicado recientemente por la Asociación de Enfermos Renales de las Islas (Alcer) en la que esta agrupación mostraba su apoyo tanto al nombramiento como a la transparencia de todo el proceso. "No lo digo yo, lo dicen los enfermos renales", le espetó Gómez a Serra.

La consellera reiteró que el proceso para la elección del nuevo jefe del servicio de Nefrología ha sido transparente y que a su favor pesó su "importante experiencia en gestión clínica. Ambos eran dos magníficos candidatos, pero la gerencia (de Son Espases) ha tomado la mejor decisión para los pacientes y para el propio servicio", estimó.

Ante los cuestionamientos por parte de Serra acerca de la transparencia de la elección, la consellera le recordó que fue su partido el que estableció la obligación de contar con un comité asesor en el proceso, aunque obvió decir que la decisión de este no es vinculante y que es finalmente el gerente del hospital el que decide el nombramiento.

Por su parte, Serra le reprochó a la consellera que "viva en el país de las maravillas" al hablar de transparencia cuando en realidad, consideró, "está llevando a cabo una política de elección de personal bananera".

Ya en pasillos, Olga Ballester, diputada de Ciudadanos, volvió a reclamar la derogación del decreto 2006 aprobado por el PP con el beneplácito del PSOE que, recordó, permite estos nombramientos "a dedo".

Afinidad política

A su juicio, esta norma no solo "desprestigia el ascenso profesional de los facultativos" sino que también propicia el acceso a las jefaturas médicas en función de las "afinidades políticas" y favorece una "confrontación entre los profesionales por los intereses partidistas para controlar la sanidad", tal y como recalcó que se ha visto en este caso.

Por último, la diputada de Podemos Marta Maicas dijo no sentirse convencida por las explicaciones dadas por la consellera y, apelando a los argumentos dados por la Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública (ADSP Illes Balears), rechazó el nombramiento de una persona "muy vinculada a la sanidad privada" en un momento en el que parte de las prestaciones del servicio de hemodiálisis se han externalizado sin, subrayó, aparente necesidad.