La Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH) pidió ayer a la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, que de luz verde a la bonificación para la contratación invernal, prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que finalmente no fueron aprobados. Los hoteleros alertaron durante la Asamblea del sector de que, ante una temporada turística que presenta más incertidumbre que nunca, sin esta medida "se está poniendo en riesgo la contratación de 60.000 personas".

Asimismo, el presidente de ACH, Gabriel Llobera, expuso la preocupación del sector hotelero por el cambio de ciclo económico, motivado por múltiples circunstancias, "que ya está generando incertidumbre y empieza a reflejarse en el estado de las reservas en comparación con ejercicios anteriores". Ello, unido a que las cuentas no se han aprobado y se han anticipado las elecciones generales para el día 28 de abril, en palabras de Llobera, deja en el aire la puesta en marcha de medidas indispensables para incentivar la competitividad de la principal industria del archipiélago como son los diez millones de inversión para las zonas maduras de Balears.

Otra de las cuestiones abordadas durante la asamblea fue el plan de contingencia en el que trabaja el Gobierno ante la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los hoteleros preguntaron a la secretaria de Estado cómo se está abordando la situación, qué medidas se prevén para paliar los posibles efectos negativos sobre el sector turístico y, ante este nuevo escenario político, qué tiempos maneja el Gobierno para aprobar un paquete de iniciativas encaminadas a resolver las dificultades que plantea el brexit. Bel Oliver, por su parte, confirmó que con toda probabilidad este plan de contingencia será aprobado por el Consejo de Ministros antes del 5 de marzo.

Los hoteleros también aprovecharon para plantear a la secretaria de Estado en qué situación quedan las inversiones previstas en Balears para la regeneración de las zonas turísticas maduras y la necesidad de establecer mecanismos efectivos para el control de las viviendas de uso turístico una vez que ya se ha descartado una regulación estatal.