Ningún policía ni guardia civil quiere venir a trabajar a Ibiza . Los que llegan son los últimos de su promoción, los que no pueden elegir. Se quedan dos o tres años y en cuanto tienen ocasión se marchan. El fenómeno se da también, aunque con menor intensidad, en Mallorca. Los elevados alquileres y el coste de la vida penalizan extremadamente a los funcionarios del Estado y mantienen un déficit sistemático en las plantillas. Los sindicatos UGT, Unión Federal de Policía y Unión de Guardias Civiles han iniciado una campaña de recogida de firmas para mejorar los complementos económicos que reciben los funcionarios del Estado destinados a las islas, que les permita "vivir con dignidad, porque ahora solo sobrevivimos".

Los representantes sindicales ponen el acento en la diferencia entre las compensaciones salariales que reciben los funcionarios destinados a Balears y los que trabajan en Ceuta, Melilla o Canarias. Un policía que trabaja en Mallorca recibiría unos 68 euros al mes por este concepto. Si va destinado a Eivissa serían unos 85. En Tenerife son 120 euros, que se elevan a 350 si está en algunas de las islas menores de canarias, como Fuerteventura. A ello se añaden las ventajas fiscales con las que cuentan los residentes en Canarias.

El incremento desbocado de los alquileres en Balears ha llevado a los policías destinados aquí a tener que compartir piso de alquiler entre cuatro compañeros, lo que hace inviable que se instalen allí con sus familias. Al final, según los sindicalistas, el resultado es el mismo. Los funcionarios se marchan en cuanto tienen la posibilidad de pedir un traslado, por lo que se pierden estos agentes que han adquirido ya una experiencia y son sustituidos por novatos recién salidos de la academia, que no conocen la lengua ni la idiosincrasia de las islas.

La plantilla de Guardia Civil y Balears mantiene además un déficit sistemático de un 20%, que se agrava en los meses de verano, cuando muchos funcionarios se van de vacaciones y los que quedan se enfrentan a un incremento desmedido de la población turística.

Esta falta de personal se concreta en problemas específicos. "Hay noches en las que la Guardia Civil solo tiene una patrulla disponible para cubrir toda la isla de Eivissa. Si surgen dos casos de violencia de género al mismo tiempo, ¿a cuál vamos?", comenta el representante de la Unión de Guardias Civiles.

Gabriel Riera destacó que el problema no es solo de policías o guardias civiles, sino que se extiende a los cerca de 10.000 funcionarios de la Administración del Estado en Balears. "Tenemos un déficit enorme de funcionarios en las islas que afecta a la calidad del servicio. El personal del Estado no quiere ocupar plazas en Balears porque el complemento de residentes no compensa las dificultades personales ni el coste de la vida y la vivienda en las islas". Según Riera, hay servicios en los que faltan hasta un 50% de los funcionarios. "Los partidos políticos lo saben y nos dan la razón, la Delegación del Gobierno también, pero nadie hace nada para solucionar el problema".