El pleno del Parlament aprobó este martes la Ley balear de Cambio Climático y Transición Energética que, entre otras medidas, prohíbe nuevos vehículos con motor diésel a partir de 2025 mientras que los ya existentes podrán seguir circulando hasta 2050. Este es el punto que provocó mayor enfrentamiento durante el debate previo a la votación, en especial con el PP que pedía que se suprimiera la prohibición. La Ley salió adelante con los votos a favor de PSIB, Podemos y Més, mientras que los partidos de la oposición votaron en contra o se abstuvieron en los artículos en los que mantenían enmiendas, todas ellas rechazadas, y apoyaron el resto.
La carta remitida este lunes por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín, en contra de esta medida, esgrimida por la popular Tania Marí como uno de los argumentos para sustentar la posición del PP, no hizo mella en los partidos del Pacto, aunque sobrevoló durante todo el debate.
El socialista Damia Borràs reiteró el rechazo a la postura del presidente de la CNMC, del que dijo que "trabajó durante 25 años como relaciones internacionales de CEPSA", dando a entender que su postura estaba vinculada a intereses. Más contundente aún fue Carlos Saura, de Podemos, quien acusó a José María Marín de intentar "influir" en el Parlament, algo "inaudito en democracia", y al PP de "actuar de nuevo como mayordomos y portavoces de lo lobbys".
Previamente el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, el socialista Marc Pons, defendió esta Ley "pionera" como una necesidad urgente ante el cambio climático. "El calendario establecido para aplicar medidas establece plazos factibles y ambiciosos", dijo Pons. En este sentido resaltó que el 35 por ciento de las emisiones de CO2 en Balears proviene del tráfico rodado, por lo que actuar en este ámbito es "clave para mitigar los efectos del cambio climático".
Pons incidió en la necesidad de actuar ya, máxime en unas islas ubicadas en El Mediterráneo, zona que los expertos prevén como una que padecerá de manera "más virulenta" los efectos del cambio climático. "Estamos en la Comunidad Autónoma que tiene más dependencia energética del exterior, con pocas energías renovables y una ratio de las más elevadas de vehículos por habitante", dijo el conseller defendiendo el cambio de modelo energético.
El horizonte que marca la Ley es que Balears estén libres de combustibles fósiles y con el cien por cien de energías renovables para 2050. Para ello, prevé disponer en 2030 del 35 por ciento de renovables, con una reducción del consumo energético y una disminución del 40 por ciento de las emisiones contaminantes.
Pons incidió en la necesidad de una "respuesta clara" ante el cambio climático frente al "relativista de quienes durante décadas lo han negado y ahora lo aceptan pero quieren que se haga poco a poco para mantener los beneficios de unos pocos que tanto daño nos hacen a todos".
Con estas palabras se refería a PP y Ciudadanos, cuyas enmiendas a la Ley suponían ralentizar la aplicación de medidas como la de prohibir los vehículos diésel. Tras aprobarse la Ley, el conseller afirmó en los pasillos del Parlament que cuenta con "toda la cobertura jurídica y a partir de ahí si alguien pone algún recurso en contra defenderemos la Ley donde haga falta y con todos los argumentos del mundo".
La popular Tania Marí afirmó en el debate que su exigencia de suprimir la disposición sobre los vehículos diésel "no es un capricho del PP" y esgrimió la carta del presidente de la CNMC afirmando que esta medida perjudicará a la economía.
"Ustedes ignoran los avances tecnológicos y además, a la vez que prohíben los diésel mantienen el parque de coches antiguos que son responsables del 80 por ciento de las emisiones contaminantes", dijo Marí al Govern y los partidos del Pacto. "Ustedes, que hablan de ley pionera, son los más arcaicos de la UE, que ponen el foco en los vehículos más antiguos", añadió la diputada popular dirigiéndose a los escaños de PSIB, Més y Podemos.
Añadió que el Pacto utiliza a Balears para "políticas de laboratorio" basadas en "prohibirlo todo" a través de una Ley que es "contraria a la economía".
Tras la aprobación de la Ley, los diputados del Pacto aplaudieron efusivamente, al igual que buena parte del numeroso público asistente, entre los que se encontraban representantes de entidades ecologistas, de los sindicatos, de la Asociación Empresarial de Alquileres de Vehículos, Endesa, Red Eléctrica de España y representantes de los consells insulars, además de la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez.
