El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos, aprobada en 2010, y volver a la de supuestos aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González.
El líder del PP cree que la legislación de 1985 era "de consenso", pese a que el PP votó en contra, y considera que con su regreso aumentaría la natalidad en España y las pensiones futuras estarían aseguradas. Con la ley actual los abortos han descendido en España, con la excepción de un ligero repunte en 2017.
Colectivos feministas y representantes de todos los partidos, incluidos algunos barones del PP, han mostrado su oposión al proyecto Pablo Casado, con la excepción de Vox, una idea que el líder del PP dio a conocer en una entrevista concedida a la Agencia Efe. Pero, ¿qué supondría volver a la legislación de 1985?
En primer lugar supondría regresar a la España de 1985, al articulado de la Ley Orgánica 9/1985, a una situación en la que la práctica del aborto era ilegal, aunque cada año abortaban en España 100.000 mujeres. La ley solo despenalizó el aborto en tres supuestos:
1. Peligro para la salud física y mental de la madre
Era un supuesto sin plazos al que se acogían la mayoría de las mujeres (97%) que interrumpieron su embarazo. Dos médicos que no fueran los que iban a practicar la intervención debían acreditar de forma pormenorizada el perjuicio que el parto podía causar en la madre.
2. Violación
La ley le puso un plazo máximo de doce semanas en el periodo de gestación porque suponía que era más fácil de acreditar.
3 Riesgo o malformación del feto
Tenía que practicarse el aborto antes de la semana número 22 de la gestación. Fue el supuesto con un límite más discutido, pues con los avances de la medicina y la nonatología, los expertos ya eran capaces de sacar adelante nacidos en ese plazo, aunque pudieran aparecer daños de forma más tardía.
La llegada de la Ley de plazos
Con la denominada ley de plazos, la Ley Orgánica 2/2010, se eliminaron los supuestos anteriores y se estableció la legalidad del aborto a petición de la embarazada en las primeras 14 semanas de gestación, siempre que la mujer fuera informada de lo siguiente: sus derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y que hubiera transcurrido un plazo de al menos tres días desde la información mencionada y la realización de la intervención.
El plazo de 14 semanas se extendía hasta la semana 22 de gestación en el caso de que existiera grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías en el feto.
No se establecieron límites temporales en el caso de detectar "anomalías fetales incompatibles con la vida".
La nueva ley también introducía una novedad muy importante: permitía abortar a las jóvenes de 16 y 17 años sin la autorización de los padres.
La ley, aprobada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero se llamó de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo y como la anterior se aprobó con la oposición frontal del PP y de amplios sectores de la Iglesia.
Los abortos descienden desde 2012 en España, no aumentan
Con la aprobación de esta nueva legislación el número de abortos practicados en España en 2010, un total de 113.031, creció a 118.000 en 2011. Pero desde 2012 el número de interrupciones del embarazo ha descendido hasta 93.000, menos de los que se practicaban con la legislación de 1985 a la que quiere regresar Pablo Casado, sólo con un pequeño repunte en 2017.
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