Las defensas de la excúpula de la desaparecida caja de ahorros balear Sa Nostra y de dos empresarios inmobiliarios, acusados de desviar decenas de millones de euros de la entidad y que estaban destinados a la urbanización de Son Bordoy y otras fincas, confían en que el nuevo auto de procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz demuestre que los hechos están prescritos.
La sala segunda de la Audiencia Nacional anuló ayer el auto de procesamiento de tres antiguos ejecutivos de Sa Nostra, Pau Dols, Pere Batle y Rafael Gerardo Oliver y de los empresarios Martín Gual y Javier Collado, dictado por Pedraz el pasado 26 de noviembre por una deficiente fundamentación en cuanto a los hechos presuntamente delictivos y la responsabilidad de cada uno de los investigados.
Pedraz tendrá que dictar un nuevo auto de procesamiento concretando los actos precisos que realizó la cúpula de Sa Nostra para cometer el presunto delito societario o de administración desleal. El instructor del caso Sa Nostra tendrá así que determinar en qué fecha se iniciaron esas actuaciones y cuales fueron las últimas medidas que serían constitutivas de delito.
Hasta ahora, juez y fiscalía anticorrupción habían sostenido que los hechos tuvieron lugar entre 2005 y 2009. Según un pormenorizado escrito presentado al juzgado por el letrado Eduardo Valdivia, defensor de dos de los antiguos gestores, el caso estaría prescrito tanto si se aplica a los acusados el Código Penal vigente en esos años o el actual.
El que ahora Pedraz tenga que especificar que acuerdos, juntas o medidas de la cúpula de Sa Nostra, hoy englobada en Bankia, fueron perjudiciales para la entidad y resultaron, presuntamente, beneficiosas para Martín Gual, pone más cerca el archivo por prescripción, en opinión de fuentes jurídicas próximas al caso.
Por otro lado, el instructor deberá cuantificar hasta el céntimo la cantidad presuntamente desviada a fines distintos a la urbanización de estas fincas, algunas situadas en Mallorca y otras en la península, algo que tampoco reflejó en el primer auto.
La antigua dirección de la entidad siempre ha mantenido su inocencia y está luchando por demostrar que no se cometió ningún delito y que, en todo caso, éste estaría prescrito. El que sí ha hecho un intento de sellar un acuerdo de conformidad con la fiscalía anticorrupción es el promotor Martín Gual. Anticorrupción se opuso, de momento a ese pacto.
La decisión de la sala segunda de la Audiencia Nacional provocará un retraso en la causa, que ya estaba pendiente de que fiscalía y Bankia, acusación particular, redactaran sus escritos de calificación provisional.
