La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha propinado un sonado varapalo al juez Santiago Pedraz, al que ordena dicte un nuevo auto de procesamiento de la excúpula de la caja de ahorros Sa Nostra y de dos empresarios, por el presunto desvío de decenas de millones de euros de la entidad destinados a la urbanización de varias fincas, entre ellas Son Bordoy de Palma. El tribunal anula ese auto por falta de motivación y concreción de los hechos delictivos y de la cuantía del dinero presuntamente desviado.
La sala de lo penal ha estimado el recurso de Rafael Gerardo Oliver, uno de los antiguos ejecutivos de la entidad ahora integrada en Bankia. Llorenç Salvà, abogado de Oliver, presentó un recurso de apelación pidiendo la nulidad del auto por falta de motivación y también el archivo del caso al no ser los hechos constitutivos de delito.
El tribunal desestima pronunciarse sobre el posible archivo en este momento, debido a que la parquedad de fundamentos de Pedraz le impide conocer si realmente hay indicios o no para procesar a los acusados.
Pedraz dictó el auto ahora anulado el pasado 26 de noviembre y en apenas unas líneas resumió los hechos que se atribuían a los exgestores y los posibles delitos que podían haber cometido éstos y los empresarios.
Destino de los fondos
El tribunal ha estimado que esa magra fundamentación ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los procesados, que no han podido saber de qué se les acusa en concreto.
Pedraz, por no poner, ni incluyó en su interlocutoria la cuantía del perjuicio sufrido supuestamente por Sa Nostra, ni el destino de los fondos desviados, censura el tribunal.
La fiscalía anticorrupción en un informe previo al auto sí que cuantificó las pérdidas de la desaparecida caja de ahorros en al menos 70 millones de euros.
El auto anulado tampoco refleja "la concreta intervención de cada uno de los investigados (procesados)". Los magistrados reprochan a Pedraz el no reseñar qué hechos fueron delictivos y limitarse a un genérico "operaciones de financiación entre los años 2005 y 2011".
Los cinco procesados fueron las personas que ostentaban el mando de Sa Nostra y su filial Invernostra entre 2005 y 2011: Pere Josep Batle, Pau Dols y Rafael Gerardo Oliver, así como el promotor inmobiliario Martín Gual, defendido por Pedro Horrach y dueño del Grupo Martín Gual (GMG) y Javier Collado, apoderado de varias sociedades integradas en ese holding.
Estos cinco fueron acusados de desviar decenas de millones de Sa Nostra y de un descuadre también millonario en las arcas de la entidad con varias operaciones inmobiliarias fallidas en Mallorca y la península.
A Martín Gual, Pedraz le acusó de "negociar y alcanzar acuerdos con la caja de ahorros, acuerdos que solo beneficiaban al Grupo Martín Gual en detrimento de la propia caja, a la que se ocasionaron graves perjuicios económicos". A Javier Collado, el instructor le otorgó el papel de "representar a GMG en la compraventa de las fincas de Son Bordoy, Son Morlá y Son Morlanet", las que generaron un quebranto millonario.
Los otros tres eran altos ejecutivos de Sa Nostra.
