07 de febrero de 2019
07.02.2019
Política

Pablo Casado devuelve 212.000 euros al Govern de la financiación ilegal del PP en Baleares

Génova abona el dinero recibido de más en la campaña electoral de Matas, después de que la justicia rechazara la suspensión cautelar del pago

06.02.2019 | 22:50

El PP devuelve 212.000 euros de la financiación ilegal de la última campaña electoral de Jaume Matas. La dirección nacional de Pablo Casado ha sido la encargada de abonar la cantidad reclamada por el Govern a los populares del archipiélago después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) rechazara la suspensión cautelar que solicitaba la formación de Biel Company mientras se resuelve su recurso.

El PP nacional ha sido quien ha tenido que hacer el ingreso a las arcas autonómicas debido a las dificultades económicas del PP balear para afrontar el pago al que le forzó la justicia en otoño.

Después de cruzar la contabilidad oficial y los gastos irregulares puestos a la luz por la justicia y atendiendo las vulneraciones de la ley electoral, la Sindicatura de Cuentas de Balears cifró en 153.000 euros la cantidad cobrada indebidamente a raíz de las sentencias del caso Scala, conocido por la icónica imagen del desentierro de una lata de Cola-Cao del jardín de la ex alto cargo popular Antònia Ordinas, y la de la financiación ilegal del partido confesada por el cuñado de Matas y extesorero del PP, Fernando Areal.

60.000 euros en intereses

Después de ese informe, el actual Ejecutivo de Francina Armengol decidió modificar el acuerdo por el que se concedió la subvención para que los populares devolvieran 153.000 euros y 60.000 euros en intereses, un total de 212.000 euros a devolver. Una modificación recurrida después por el PP balear, que había solicitado la suspensión cautelar de la devolución del dinero. Sin entrar en el fondo de la cuestión, el Tribunal Superior desestimó la suspensión cautelar, recordando que "existe una sentencia penal" sobre la contabilidad irregular de la que "obviamente es el partido el beneficiario".

En un auto firmado el pasado 9 de octubre, el TSJB desestimó la solicitud del PP, argumentando que la suspensión cautelar se dicta para que "no resulten irreparables las consencuencias" del proceso y que "los intereses generales que buscan la protección y reintegro de las cantidades públicas indebidamente cobradas prevalecen sobre los interés del partido".

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