La fiscalía anticorrupción de la Audiencia Nacional ha rechazado un pacto con los acusados en el caso Sa Nostra, el presunto desvío por la antigua cúpula de la caja de ahorros balear de decenas de millones de euros en favor de los teóricos urbanizadores de Son Bordoy y otras fincas y en perjuicio de la entidad, que minimice sus responsabilidades. Algunas defensas de los cinco encausados han mantenido contactos con los fiscales encargados del caso, que no han querido en este momento negociar ningún acuerdo.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, procesó el pasado noviembre a la antigua cúpula de la desaparecida caja de ahorros Sa Nostra (hoy Bankia) y a dos empresarios por los supuestos delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal y archivó la causa contra otros 21 antiguos miembros del consejo de Administración de la entidad.
Pedraz, en un escueto auto de cuatro folios, transformó las diligencias en un procedimiento abreviado y pidió al fiscal y a las acusaciones, entre las que se halla Bankia, que redacten sus escritos de calificación.
Como ya esperaban los abogados personados en la causa, los cinco investigados que fueron procesados son las personas que ostentaban el mando de Sa Nostra y su filial Invernostra entre 2005 y 2011: Pere Josep Batle, Pau Dols y Rafael Gerardo Oliver, así como el promotor inmobiliario Martín Gual, defendido por Pedro Horrach y dueño del Grupo Martín Gual (GMG) y Javier Collado, apoderado de varias sociedades integradas en ese holding.
Estos cinco están acusados de desviar decenas de millones de Sa Nostra y de un descuadre también millonario en las arcas de la entidad con varias operaciones inmobiliarias fallidas en Mallorca y la península.
A Martín Gual, Pedraz le acusa de "negociar y alcanzar acuerdos con la caja de ahorros, acuerdos que solo beneficiaban al Grupo Martín Gual en detrimento de la propia caja, a la que se ocasionaron graves perjuicios económicos". A Javier Collado, el instructor le otorga el papel de "representar a GMG en la compraventa de las fincas de Son Bordoy, Son Morlá y Son Morlanet", las que generaron un quebranto millonario.
Según las fuentes informantes, los empresarios acusados habrían ofrecido terrenos para compensar las presuntas pérdidas de Sa Nostra y suavizar su responsabilidad, oferta rechazada por los fiscales anticorrupción.
Penas de seis meses a cuatro años de cárcel para la cúpula
Las acusaciones del caso Sa Nostra tienen pendiente de redactar sus escritos de calificación provisional contra los cinco acusados, tres de ellos integrantes de la cúpula de la desaparecida caja de ahorros y los otros dos empresarios.
Los hechos objeto de acusación habrían ocurrido entre 2005 y 2011, cuando estaba en vigor el anterior Código Penal de 2003. El delito societario de administración desleal atribuido a Batle, Dols y Oliver estaba penado en el artículo 252 de ese Código Penal con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel. En el actual Código Penal ese delito se castiga con entre uno y seis años de cárcel, por lo que es más duro que el anterior. Por su parte, Martín Gual y Javier Collado están acusados de supuesta apropiación indebida.
