Bartolomé Cursach y sus subordinados Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Arturo Segade, se enfrentan a sendas penas de nueve años de cárcel por las supuestas fiestas con drogas, prostitutas y alcohol gratis en el reservado de la discoteca Tito's, propiedad del primero. La fiscalía anticorrupción baraja acusar a estos cuatro investigados de los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y contra la salud pública, agravado por el hecho de ser drogas duras y suministradas en un establecimiento abierto al público.
Esta pieza separada del caso Cursach se abrió en el verano del año pasado y hace unas semanas se transformó en una causa por jurado. Además de los citados, en el caso están investigados once policías locales, entre los que destaca el exjefe del cuerpo en Palma
Los agentes solo están acusados de cohecho pasivo, por lo que la petición de condena para ellos será de multa e inhabilitación.
Las defensas de los quince implicados en esta pieza separada han recurrido en bloque que el caso sea enjuiciado por un tribunal popular y han impugnado el relato acusador del fiscal Miguel Ángel Subirán
Básicamente, anticorrupción imputa a Cursach y sus subordinados el agasajar a los agentes con alcohol, cocaína, copas y prostitutas, todo gratis, para tenerlos contentos y en previsión de que le ayudaran en sus negocios.
Las supuestas fiestas habrían tenido lugar en la discoteca durante fines de semana y entre 2009 y hace poco tiempo, siempre según las tesis de la acusación pública.
Los once policías niegan haber acudido a esas supuestas fiestas. De hecho aseguran que en los últimos años apenas han pisado la discoteca o no han ido nunca.
Sus defensas también alegan que la fiscalía no ha concretado las fechas de esas reuniones festivas, por lo que el delito de cohecho impropio podría estar prescrito ya. Por su parte, Bartolomé Cursach mantiene que los hechos no serían delictivos, dado que invitar a prostitutas y alcohol no es una infracción penal y el supuesto consumo de cocaína no está probado.
La competencia del jurado para enjuiciar esta pieza separada también es cuestionada por los quince investigados. Algunas defensas argumentan que si los delitos imputados son cohecho y salud pública, el caso no sería competencia de un tribunal popular si no de una sala formada por magistrados profesionales.
La propia apertura de la pieza separada es puesta en tela de juicio por las defensas, que preconizan que las fiestas no deberían enjuiciarse al margen de la pieza principal.
El juez Miquel Florit tendrá que dictar en unas semanas un auto donde resuelva todas las cuestiones planteadas: si el caso es competencia del jurado, si el cohecho ha prescrito y si es conveniente separar las fiestas del resto de delitos. Si ratifica la competencia del jurado, tendrá también que pronunciarse sobre si en la vista oral se practica la prueba que han solicitado algunos de los abogados defensores de los 15 investigados.
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