La Asociación de la Prensa de Alicante ha calificado, en su Anuario del 2018, la requisa de los teléfonos móviles de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca y Blanca Pou, de Europa Press, por un polémico auto del juez del caso Cursach, de "el peor golpe que se recuerda al derecho constitucional de los periodistas al secreto profesional".
La Asociación de la Prensa de Alicante, en la línea de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), considera que el auto del juez Miquel Florit de 11 de diciembre pasado supuso el ataque más grave al derecho a la información en España de los últimos años. El mencionado anuario tiene una llamativa portada con unas expresivas manos que intentan coger el lema "antes la muerte que la fuente".
El editorial del anuario también se titula "intolerable ataque al derecho al secreto profesional".
Los asociación argumenta en su editorial que "el secreto profesional no es ningún privilegio que tengan los periodistas, sino un deber que garantiza la confidencialidad de las fuentes de información, base fundamental del ejercicio del periodismo y que permite que los periodistas podamos garantizar el derecho de información de los ciudadanos".
La Asociación de la Prensa alicantina carga contra el juez Florit y la fiscalía anticorrupción. La actuación del instructor del caso Cursach es calificada de "insólita", pero en opinión de los editorialista resulta más inexplicable el apoyo del fiscal anticorrupción Juan Carrau, al que suponen respaldado por la fiscalía general del Estado.
"Es dudoso que el magistrado se hubiera atrevido a quebrar de manera tan flagrante el artículo 20 de la Constitución sin el apoyo explícito de la fiscalía general del estado".
El anuario también hace un llamamiento a los periodistas y a la sociedad en general a seguir luchando a diario por el derecho a la información, atacado desde distintos frentes.
