La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, mantuvo ayer un encuentro con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, aprovechando su participación en un acto en Palma. En el encuentro, la consellera trasladó a la ministra su satisfacción por el aumento previsto en los presupuestos del Estado en atención a la dependencia para el año 2019; un aumento, sin embargo, que Fina Santiago considera todavía insuficiente, y así se lo hizo saber a la ministra, a quien recordó que, durante el año 2018, la Comunidad Autónoma ha asumido el 87% del coste de la atención a la dependencia en Balears, mientras que la aportación del Estado ha sido solo del 13%.

"Aunque se apruebe este aumento en atención a la dependencia previsto en los presupuestos, las comunidades autónomas no llegaríamos a tener una financiación justa y equilibrada", apunta Fina Santiago, que propuso a la ministra que, si no se aprueba en los presupuestos, el aumento se haga vía real decreto ley. También le pidió que, desde el Ministerio, se convoquen los responsables autonómicos a una reunión para resolver este desequilibrio.

Fina Santiago se fue a la reunión con la ministra Carcedo con los números hechos. En este sentido, le puso sobre la mesa que el Govern ha sufragado 149 millones de euros en ayudas a la dependencia durante estos años y Madrid tan solo 22, cuando es una medida impulsada por el Gobierno central y que en su mayoría deben abonar las comunidades autónomas.

Por otra parte, Fina Santiago también trasladó a la ministra Carcedo la petición del Govern de revisar y actualizar el importe que recibe del Estado para hacerse cargo de la gestión de las pensiones no contributivas (PNC), que se ha reducido de 380.000 euros a 3.800 euros anuales sin justificación ni negociación. También le recordó la petición de gestionar de manera progresiva todo el dinero recaudado en Balears a través del 0,7% del IRPF. Actualmente, la recaudación total por este concepto en Balears es de unos 7,8 millones de euros, pero el gobierno autonómico sólo gestiona 3,6 millones. Esta reclamación de gestionar el 100% del importe recaudado tiene el apoyo de las entidades del tercer sector social de las islas.