01 de febrero de 2019
01.02.2019

El juez rechaza certificar que la Policía no abrió los móviles de los periodistas

Los teléfonos requisados por el polémico auto del cso Cursach estuvieron casi un día en poder de los inspectores y sin control judicial

01.02.2019 | 17:03

El juez del caso Cursach, Miquel Florit, ha rechazado certificar que los teléfonos móviles de los periodistas de Diario de Mallorca Kiko Mestre y de Europa Press Blanca Pou, confiscados por un polémico auto el pasado 11 de diciembre, no fueron inspeccionados durante las 23 horas que estuvieron en poder de la Policía Nacional, como le había solicitado la citada agencia informativa.

Europa Press reclamó al instructor que certificara que los móviles de los dos periodistas y los ordenadores, tableta y memoria de Pou no habían sido analizados en el tiempo transcurrido entre su requisa, la mañana del día 11, y su entrega en el juzgado, a petición del propio instructor, a las diez de la mañana del día 12.

El juzgado de instrucción 12, en cuya caja fuerte fueron depositados los dispositivos electrónicos el 12 de diciembre, devolvió este material de trabajo el pasado 4 de enero a Mestre y Pou.

El letrado de la Administración de Justicia de instrucción 12 emitió una certificación sobre el posible acceso a los teléfonos y otros dispositivos de ambos periodistas entre el 11 de diciembre hasta su devolución.

El fedatario público hizo una pormenorizada relación de la requisa y custodia de los dispositivos, pero en ese relato había un período inferior a 24 horas en el que los aparatos quedaron al margen del control judicial.
En la mañana del día 11 una letrado de la Administración de Justicia presenció cómo dos funcionarios de la Policía Judicial metían en bolsas precintadas los móviles de Mestre y Pou y también cómo quedaban igualmente precintados dos ordenadores y una memoria informática de la segunda.

Todo este material fue entregado por la secretaria a los funcionarios policiales, "que se encargaron de su custodia". El objetivo inicial del juez Florit, que investigaba a dos agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales (la unidad que ha llevado las pesquisas contra el magnate de la noche Bartolomé Cursach), era que la Policía analizara el material de los periodistas (que no estaban imputados), para buscar pruebas en contra de dos agentes del Grupo de Blanqueo de capitales (sospechosos de revelación de secretos), especialmente documentos del caso Cursach y mensajes.

Sin embargo, horas después Florit pidió verbalmente a los dos miembros de la Policía Judicial que llevaran el material al juzgado, puesto que si había necesidad de analizar y volcar su contenido, estas diligencias se debían hacer en presencia del fedatario público.

Los investigadores de la revelación de secretos entregaron los dispositivos el día 12 a las 10 de la mañana. De acuerdo con el letrado de la Administración de Justicia, "aparentemente, los dispositivos se encontraban en el mismo estado y situación que en el momento de su intervención, según confirmación de la propia letrado de la Administración de Justicia que autorizó su intervención (el día 11)". El fedatario certificó que el material intervenido no había sido desprecintado desde esa hora. El Tribunal Superior de Justicia instruye una querella contra el juez Florit, que se ha ampliado contra el fiscal Juan Carrau por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra el secreto profesional y la inviolabilidad de domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.

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