Son demasiadas las veces que cuando alguien te llama de Madrid para interesarse por algún tema que le afecta acompañe su conversación con una expresión de envidia con alguien que, cree él, está trabajando en un entorno paradisiaco y a un ritmo, suponen que caribeño, cuando en realidad seguramente supera en términos de productividad a lo que se estila en la capital.
El Estado no es ajeno a esta percepción y se cree que todos los que viven en la isla tienen un nivel de vida excelente y que sus sueldos son más que adecuados. Para ellos vivimos en una comunidad rica, en la que no falta de nada - tampoco un REB- y en la que el clima lo compensa todo.
Los primeros que sufren en sus propias carnes estas percepciones son los funcionarios adscritos a la administración estatal, que las pasan canutas para tener lo más básico: la vivienda, pagar los precios de unos combustibles más caros y que solo, gracias a que pueden empadronarse en la isla cuando trabajan aquí, pueden eludir lo que sería otro inconveniente, el desorbitado gasto en los viajes.
El ridículo plus de insularidad que cobran los trabajadores de la administración estatal no puede compensar bajo ningún modo los múltiples sobrecostes que tiene vivir en estas islas.
No es de extrañar pues que el archipiélago se haya convertido en un destino en el que se puede empezar, pero del que hay que huir cuando se pueda, porque no todo es buen clima. Todo ello incide en que Balears esté penalizada con unos servicios públicos infradotados en materia de personal, -incluso en tiempos como estos en los que tener una plaza fija es un chollo- por no hablar de que son pocos los funcionarios que quieren hacer carrera en estas islas, con lo que ello supone además para la calidad del servicio que se presta.
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