De los aproximadamente 400 empleados públicos de prisiones que hay en Mallorca, algo más de 300 están pidiendo el traslado a otros puntos del país. Este dato fue aportado ayer por el sindicato UGT para denunciar la fuga masiva de funcionarios de la Administración General del Estado que se está produciendo en Balears debido a que la retribución que reciben en concepto de plus de insularidad no compensa bajo ningún concepto el elevado coste de la vida del archipiélago, especialmente por lo que a los alquileres se refiere.

Esta marcha, sumada a la dificultad para encontrar sustitutos, explica que las islas presenten en estos momentos un déficit de 742 trabajadores públicos para situarse en la media del resto de comunidades autónomas, y que este agujero supere los mil funcionarios si lo que se tiene en cuenta son los que se necesitan para prestar la atención adecuada a los ciudadanos. Según las estimaciones facilitadas por el secretario general de la federación de Servicios Públicos de UGT-Balears, Miguel Angel Romero, el archipiélago debería de pasar de los 10.000 empleados públicos dependientes del Estado (no se incluyen los de carácter especial, como cuerpos de seguridad del Estado o Ejército) con que cuenta actualmente a colocarse por encima de los 11.000.

Este problema supone, según se señaló, que los ciudadanos de Balears, que pagan los mismos impuestos que en el resto de comunidades autónomas, están recibiendo un servicio mucho más deficiente precisamente por no disponer de las plantillas adecuadas para el volumen de trabajo que afrontan. Esta situación repercute en una peor calidad en numerosos organismos imprescindibles para los isleños, como es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que tramita las prestaciones por desempleo, la Seguridad Social, los Juzgados, la Agencia Tributaria o el caso antes señalado de Prisiones. Pero además, se hace extensible a cuerpos como el de la Policía Nacional.

Como se ha indicado, el problema se centra en que el coste de la vida en las islas es mucho más alto que en otras zonas de España, mientras que el plus de insularidad, que se mueve entre los 45 y los 90 euros mensuales, no compensa mínimamente, generando una situación de desigualdad que Romero calificó de "obscena".

Para exigir una equiparación con el plus de Canarias que se incluya en los presupuestos del Estado para este año, UGT ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Balears a través de la plataforma digital www.change.org.