Los doscientos jueces y fiscales de Baleares están llamados a tres nuevas jornadas de paro a principios de marzo para presionar al ministerio de Justicia de cara a que adopte once medidas para mejorar la Administración de Justicia y recuperar las retribuciones de las dos carreras perdidas por la crisis. Los paros, que serán por la mañana entre las 10 y las 13 horas, han sido convocados por la siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales españolas. Las fechas de las movilizaciones son el 5, 6 y 7 de marzo próximos.

Las nuevas medidas de protesta tienen como antecedente las huelgas convocadas en ambos colectivos en los últimos meses, que se saldaron con una elevada participación de jueces y fiscales, pero que consiguieron que Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las Cortes introdujeran las reformas y mejoras reclamadas por judicatura y fiscalía.

Ahora la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales plantean al Gobierno de Pedro Sánchez "once propuestas claras, alcanzables y con mínima dotación presupuestaria", que podrían implantarse esta legislatura "con voluntad política".

Entre sus reivindicaciones destaca la asignación permanente de más jueces y fiscales a los juzgados sobrecargados, la derogación de los plazos máximos de instrucción y la recuperación progresiva del exceso de bajada retributiva que sufrieron ambas carreras respecto al resto de funcionarios durante la crisis.

Las asociaciones no descartan emprender más movilizaciones si las negociaciones con el ministerio dirigido por la fiscal Dolores Delgado no prosperan.

Entre las medidas sin coste económico está la derogación, incluso por real decreto si es necesario, del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija plazos máximos de instrucción, unas reivindicaciones de jueces y fiscales para evitar "casos de impunidad en casos de corrupción", como la absolución del ex presidente murciano Pedro Antonio Sánchez.

Las siete asociaciones piden también que se paralice la "justicia digital", dar marcha atrás en alguna de las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, convocar 300 nuevas plazas de jueces y fiscales y hacer efectivo el incremento de unidades judiciales y de la plantilla fiscal previsto en el ejercicio presupuestario del año pasado.

Reclaman asimismo que las guardias sean retribuidas conforme a la responsabilidad del cargo, que se desarrolle un complemento de carrera profesional, que se retribuyan las sustituciones de manera completa y que en los presupuestos de este año se incluya una partida de siete millones de euros en el capítulo de personal para su reparto entre ambas carreras.