24 de enero de 2019
24.01.2019

Dos policías de élite espiaron seis meses a Diario de Mallorca

Los agentes hicieron un perfil de un redactor no imputado y fiscalizaron sus llamadas de un año

24.01.2019 | 00:06
Así fue el registro a Diario de Mallorca.

Dos inspectores de la élite de la Policía Judicial de Balears espiaron, durante casi seis meses y con el apoyo del juez Miquel Florit y del fiscal anticorrupción Juan Carrau, a Diario de Mallorca y a su redactor de tribunales Kiko Mestre, según se desprende de sus atestados aportados en una causa por presunta revelación de secretos del caso Cursach, la supuesta trama de corrupción en torno al empresario de la noche del mismo nombre. Los agentes elaboraron un perfil de Mestre (que no estaba imputado), fiscalizaron las llamadas de su móvil durante un año y revisaron todas sus informaciones del caso Cursach en ese mismo período.

Los agentes, que también analizaron las informaciones y contactos de la periodista de Europa Press Blanca Pou, pretendían obtener pruebas contra dos agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado a Cursach, a los que imputan un presunto delito de divulgación de documentos y datos de las pesquisas contra la presunta trama de corrupción.

El perfil afirma que Mestre "tiene contacto con gran cantidad de personas relacionadas con la causa Cursach, de las que pudo extraer información: letrados, testigos, testigos protegidos, juez y fiscal de la causa, y policías del Grupo de Blanqueo. Con algunos de ellos se llama de forma frecuente".

"Se trata de un periodista muy conocido en el ambiente policial y judicial y, según todas las investigaciones, ha estado de continuo en la sede del juzgado de instrucción 12 (el que investiga el caso Cursach)".

Los investigadores de la revelación de secretos han analizado las llamadas telefónicas de Mestre y Pou con personas relacionadas con el caso Cursach por motivos de su trabajo como periodistas de tribunales. Entre las conversaciones se hallan algunas con testigos protegidos, que han hablado con otros muchos medios de comunicación e incluso han salido por televisión.

Los inspectores censuran que Mestre hable con estas personas, "cuya identidad debería ser lo más reservada posible y únicamente conocida por el juez, el fiscal y los policías que investigan".

Los dos policías pidieron al juez Florit que ordenase la requisa de los móviles y ordenadores de Mestre y Pou para examinar sus contactos con sus fuentes, de cara a ratificar sus sospechas sobre los agentes de Blanqueo. Florit, con el visto bueno del fiscal Juan Carrau, dictó el pasado 11 de diciembre un polémico auto ordenando la requisa de esos dispositivos electrónicos de trabajo y personal y el registro de las redacciones de Diario de Mallorca y Europa Press.

Los dos informadores y sus empresas consideraron que el auto vulneró sus derechos constitucionales al secreto profesional y la inviolabilidad del domicilio y presentaron una querella contra el juez, que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La Policía Judicial pinchó, con orden judicial y el visto bueno de Carrau, los teléfonos de los dos agentes de Blanqueo y de la pareja de uno de ellos. De Blanca Pou se plasma otro perfil, pero más breve. Se dice que la periodista es menos conocida en ámbitos policiales y judiciales y se llega a insinuar que pudo pagar dinero por obtener información del caso Cursach.

Los atestados señalan que el origen de la causa por revelación de secretos partió del fiscal anticorrupción Juan Carrau tras la publicación en varios medios de un informe de Blanqueo sobre un delito fiscal de Cursach (algo luego negado por Hacienda) y de las denuncias de Bartolomé Cursach y su exnúmero dos Bartolomé Sbert.

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