La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha ratificado la multa de casi dos millones de euros que la delegación del Gobierno en Palma impuso, en junio del 2016, a la compañía aérea Air Europa por contratar fraudulentamente a 138 tripulantes de cabina extracomunitarios para sus vuelos entre Madrid y Latinoamérica.
Según la sentencia, Air Europa empezó a contratar en 2015 a azafatas y azafatos procedentes de Perú, Uruguay y República Dominicana.
La compañía con sede en Llucmajor facilitó formación al nuevo personal y les dio trabajo en las rutas que unían Madrid con dichos países. La inspección de Trabajo en Balears abrió una investigación y tras varios meses de tiras y aflojas con la compañía, que no accedía a facilitar documentación sobre esos empleados, pidió a la delegación de Gobierno que sancionara a la empresa por una falta muy grave contra los derechos de los trabajadores.
Air Europa se defendió de las acusaciones asegurando que las azafatas estaban contratadas en sus respectivos países, de acuerdo a la legislación propia y dadas de alta en los sistemas de Seguridad Social de sus naciones.
La sentencia, no obstante, destaca que no se han aportado pruebas de esas altas en las Seguridades Sociales de Perú, Uruguay y República Dominicana, mientras que sí se ha probado que los 138 tripulantes no cotizaron en España. Los jueces resaltan también que esos tripulantes de cabina extracomunitarios carecían de permiso de trabajo y residencia en España, dos condiciones imprescindibles para que hubieran podido volar en esas rutas.
Aviones españoles
La sentencia afirma que los pilotos de los aviones sí estaban dados de alta en la Seguridad Social española y eran los jefes de los tripulantes de cabina. También el avión se consideraba territorio nacional y la compañía carecía de bases en Perú, Uruguay y República Dominicana.
La cantidad a la que ha sido sancionada la línea aérea asciende a 1,380 millones de euros por la multa y 0,535 millones por las cuotas no devengadas a la Seguridad Social.
La Abogacía del Estado, representada por Ana Marín Sanromán, argumentó que la compañía aérea había utilizado una norma en fraude de ley, "ya que a través de contratos de trabajo con contenido simulado se trata de sustraer a la legislación española en materia de extranjería y de Seguridad Social, en perjuicio de trabajadores extranjeros, privándoles de sus derechos establecidos por normas imperativas".
La empresa cuestionó la validez como prueba de los informes de la inspección de trabajo, objeción que rechaza de plano el Tribunal Superior de Justicia.
