El juez de instrucción 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, dictó ayer un auto de archivo provisional de la causa abierta contra el inspector de Policía Miguel Antonio Suárez, investigado por supuestos cohechos de clanes de narcotraficantes de Son Banya a cambio de información sobre redadas. De forma paralela, la fiscalía pidió que se amplíe la causa contra el comisario jubilado Antoni Cerdà, sospechoso de cobrar dinero de los mismos clanes a cambio de gestionar la libertad de una de sus jefas, Manuela Fernández Cortés, conocida como "La Guapi".
Josep Zaforteza, abogado de Suárez, había pedido el archivo del caso al entender que no existía ninguna prueba de que el inspector hubiese mantenido contactos delictivos como esos clanes y especialmente con Francisco Fernández Cortés, alias "El Ico", su tía Rosario Vargas y su hermana La Guapi.
Para la exculpación de Suárez, que durante las pesquisas no ha sido apartado del servicio, ha resultado clave un informe de la propia Policía donde se constata que no se frustró ninguna operación en la que participara el inspector investigado.
Suárez y Cerdà habían rechazado tajantemente las acusaciones que los grupos de Asuntos Internos y de Crimen Organizado han vertido sobre ellos: básicamente, el haberse dedicado durante años a favorecer a determinados clanes de narcotraficantes de Son Banya a cambio de dinero y otras dádivas. Según los primeros atestados obrantes en el sumario, los dos funcionarios investigados habrían dado soplos a los narcotraficantes sobre operaciones policiales. Cerdà también habría reclamado una elevada suma de dinero para conseguir la libertad de La Guapi, encarcelada por un alijo de tres kilos de cocaína.
Los investigadores del caso interrogaron a los dos policías sobre varios extremos sospechosos, ocurridos fundamentalmente entre octubre y noviembre del año pasado y que Asuntos Internos interpretó como pruebas de la corrupción de los imputados.
Cerdà, defendido por Ángel Aragón, también ha pedido el archivo del caso para él.
