23 de enero de 2019
23.01.2019

Entidades piden protección especial para las islas ante los Tratados de Comercio

Advierten que los nuevos tribunales de arbitraje facilitarán que empresas demanden a las administraciones públicas y consigan más indemnizaciones

23.01.2019 | 02:45
Representantes de la ´Plataforma Mallorca No a los TCI´ .

Foro de Davos

  • “Se reúnen empresas que cometen crímenes”
    Sandy Hemingway, miembro de la Plataforma Mallorca ‘No a los tratados de Comercio e Inversión’, indicó que en toda Europa comenzó ayer una campaña de recogida de firmas contra los ISDS coincidiendo con el arranque del Foro Económico de Davos donde, indicó, “se reúnen empresas que cometen crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente”. El objetivo es conseguir 250.000 firmas en toda Europa en los tres días que dura el foro y cerrar la campaña dentro de un año habiendo logrado un millón de rúbricas en el continente. La campaña se desarrollará a lo largo del año e incluirá acciones de protesta simultáneas en el continente los meses de abril y octubre, además de iniciativas de sensibilización y difusión.
     

El sistema de arbitraje entre Estados y empresas que prevén los tratados de comercio que está negociando la Unión Europea podrían incrementar de forma notable las indemnizaciones pagadas con dinero público a empresas afectadas por decisiones de las administraciones públicas que vayan en contra de sus intereses económicos (como recalificar un terreno por motivos medioambientales).

Así lo advirtió ayer la Plataforma Mallorca No a los TCI, constituida por una veintena de entidades, alertó que las islas quedan en una situación especialmente "vulnerable" ante estos Tratados de Comercio e Inversión (TTIP, CETA, TISA...) al ser un territorio "reducido y frágil" que requiere por ello "una protección especial", según explicó Josep Valero: "Este tipo de tratados tendrán en las islas unos costes sociales y medioambientales desastrosos y un efecto económicos dudoso".

Esta plataforma hace años que demanda transparencia en la negociación de estos tratados así como una alternativa que proteja a los ciudadanos frente a la "impunidad" de las multinacionales: un tratado de la ONU vinculante que prevea sanciones para las empresas que vulneren derechos humanos y medioambientales.

"Tribunales privados"

Ayer la plataforma presentó una campaña específica contra los nuevos mecanismos de arbitraje, los ISDS, definidos por Valero como "tribunales privados" que permitirán a las multinacionales demandar a Estados, gobiernos autonómicos o ayuntamientos cuando tomen decisiones contra sus intereses. Por ejemplo, si una compañía adquiere un terreno para construir un centro comercial o promociones inmobiliarias y finalmente no puede hacerlo porque la administración correspondiente recalifica los terrenos por razones medioambientales, esta empresa podría acudir a los ISDS.

Según Valero, estos nuevos tribunales están incluyendo en su concepción el derecho a tener en cuenta el lucro cesante con lo que la administración pública no sólo debería indemnizar a la empresa con el coste del terreno, también debería abonarle el dinero que la empresa calcule que dejará de ingresar. También podrían acudir a estos mecanismos de arbitraje las empresas afectadas por la remunicipalización de servicios.

Por ello, la plataforma considera que los ISDIS atacan a la soberanía de los pueblos: "Exigimos el derecho de las administraciones públicas a desarrollar una planificación democrática que tenga en cuenta la protección de los espacios naturales, la capacidad de carga del territorio y la singularidad de los espacios insulares".

Felip Jaume, otro portavoz de la plataforma, resumió que en definitiva lo que piden es "transparencia" y "derechos para las personas y normas para las multinacionales".

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