"La situación es un desastre, es insostenible, y está provocando el cierre de autoescuelas", afirma la vicepresidenta de la asociación que agrupa a estas empresas en Balears, Joana Ribas. La desesperación de este colectivo se explica porque la espera que actualmente existe en Palma para que los alumnos puedan examinarse de las prácticas alcanza los tres meses y medio, lo que supone un peligro adicional: "Nuestros clientes salen peor preparados debido a este colapso, y eso en la carretera puede costar vidas", advierte la representante del sector.

La denuncia va acompañada de la amenaza, ya que si no se adoptan medidas con urgencia para solventar este problema, las autoescuelas van a convocar movilizaciones consistentes en concentrar sus vehículos en rotondas y entradas a Palma, lo que garantiza un colapso en el tráfico.

La evolución que este problema ha tenido es "desesperante", apunta Ribas. A principios del pasado mes de diciembre la espera era ya de unos dos meses, coincidiendo con la convocatoria de una huelga de examinadores. Pero ahora han dejado de autorizarse las horas extras de este personal y se han retirado de la isla los refuerzos de examinadores itinerantes que llegaban de otros puntos del país.

Eso deja a la plantilla de estos funcionarios formada por siete personas, que suelen examinar cada una de ellas a unos 13 alumnos diarios. El problema es que la demanda existente en estos momentos permitiría incluso duplicar la cifra de estos examinadores. Esta falta de personal está haciendo que "cada día que pasa, las demoras aumentan".

De este modo, la espera en Palma ha alcanzado los tres meses y medio. "Por detrás tenemos a Badalona, pero en su caso esta demora es de dos meses y medio", señala la vicepresidenta de la asociación balear de autoescuelas, que añade que "un retraso de un mes ya sería grave, pero el que tenemos ahora es una catástrofe".

Joana Ribas subraya que el impacto de este colapso es extraordinariamente grave tanto para las autoescuelas como para sus alumnos y sus familias. Una demora de tres meses y medio obliga a estos últimos a seguir pagando unas clases, que no necesitarían de examinarse en el plazo adecuado, para no olvidar los conocimientos adquiridos, con el correspondiente perjuicio económico, o parar y acudir al examen con una formación claramente deficiente. Y eso implica futuros conductores peor preparados y que suponen un mayor riesgo al volante. "Lo que está en juego son vidas humanas", insiste la representante del sector.

Además, la validez del aprobado en el examen teórico es de dos años, lo que con retrasos de tres meses y medio puede suponer que los alumnos que acumulen suspensos en las prácticas puedan tener que volver a pasar las pruebas que ya habían superado.

El problema ha alcanzado tal magnitud que esta patronal está manteniendo contactos con partidos políticos y con la Delegación del Gobierno para exigir una solución. Pero si ésta no llega con carácter inmediato, la amenaza de movilizaciones ya está sobre la mesa.