La Policía fotografió contactos de periodistas con agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales para investigar si estos últimos suministraban información a los primeros, unas pesquisas que se realizaron en una pieza separada del caso Cursach por un presunto delito de revelación de secretos. En esa causa se produjo después, y por un auto judicial dictado el pasado 11 de diciembre, la requisa de los móviles de dos redactores de tribunales y se ordenó el registro de sus puestos de trabajo.
El juez Miguel Florit encargó a dos inspectores de la Policía Judicial de Palma que investigaran esa presunta revelación de secretos del caso Cursach. Las sospechas se centraron en el entonces jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado por supuesta corrupción al empresario de la noche Bartolomé Cursach, y en uno de sus subordinados.
La denuncia por presunta revelación de secretos partió de Bartolomé Sbert, el exnúmero dos del Grupo Cursach. Su jefe también se unió a las acusaciones.
Los inspectores de la Policía Judicial hicieron seguimientos a los dos agentes de Blanqueo de Capitales, a los que fotografiaron junto a periodistas de tribunales, que no eran investigados.
También pidieron, y obtuvieron del juez Florit, la intervención de los teléfonos de los dos sospechosos y de una tercera persona próxima a uno de ellos y que no es funcionaria.
Además, los investigadores hicieron un exhaustivo seguimiento de las noticias periodísticas sobre el caso Cursach e informaron al juez de aquellas que, en su opinión, eran producto de un delito de revelación de secretos. El instructor, con el visto bueno de la fiscalía anticorrupción, autorizó así mismo el análisis de las llamadas telefónicas de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, para determinar si habían hablado con los agentes sospechosos.
El auto de requisa de los dispositivos electrónicos de Mestre y Pou y de registro de sus redacciones suscitó como respuesta una querella contra el juez Florit, que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Balears.
