Varios empresarios de la noche personados como acusación particular, en la llamada pieza separada de los cohechos, atribuyen a Bartolomé Cursach el "atemorizar", mediante policías locales y otros funcionarios, a sus clientes y conseguir que se fueran a sus discotecas. Estos empresarios reclaman un total de ocho millones y medio de euros de indemnización a Cursach y a otros 23 acusados en esta pieza separada.
La acusación particular hace suyo el relato de la fiscalía anticorrupción contra esta supuesta trama de corrupción, a la que se le atribuyen un rosario de delitos: grupo criminal, prevaricación, cohecho pasivo y activo, contra la salud pública, coacciones, amenazas y otros.
Según la fiscalía y la acusación particular, Cursach, a lo largo de varios años, habría acosado a unos 40 establecimientos de su competencia y situados en la Playa de Palma, el Paseo Marítimo y Calvià.
Para ello se habría servido especialmente de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, la unidad especializada en el control de los establecimientos de ocio, así como de otros funcionarios de Cort, del Ayuntamiento de Calvià y del Govern.
La acusación particular destaca en su relato las presuntas presiones que habrían sufrido la discoteca Level/Divino de Palma y la discoteca-restaurante Pachá de Magaluf.
Estos locales ajenos al Grupo Cursach padecieron, supuestamente, "constantes inspecciones e intervenciones policiales desmedidas y atemorizantes para los dueños y los clientes". Ese clima habría producido que, tras la actuación policial, "los clientes abandonaran los locales de la competencia y se dirigieran a establecimientos del Grupo Cursach". Otro de los supuestos métodos para acabar con la competencia habría sido la interposición de denuncias falsas por molestias.
