El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha admitido que la Asociación de Medios de Información (AMI) se persone como acusación popular en el proceso contra el juez Miguel Florit por su auto en el que ordenaba la incautación de los móviles y ordenadores de dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press en una pieza separada del caso Cursach, la presunta trama de corrupción en torno al empresario de la noche del mismo nombre.
El 27 diciembre, la AMI informó de su voluntad de ser acusación popular contra el magistrado, debido a la "gravedad" de los hechos acontecidos el 11 de diciembre anterior, a raíz del auto que ordenaba la requisa de los móviles de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou y el registro de sus lugares de trabajo.
La querella se presentó por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, y fue admitida a trámite el pasado 18 de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Balears.
La AMI, de la que forman parte tanto Europa Press como Diario de Mallorca y que está encabezada por Javier Moll, presidente del grupo Prensa Ibérica, editor de Diario de Mallorca, explicó en su momento que considera que los registros y la incautación de material han supuesto "un ataque contra el derecho a la información, un derecho fundamental recogido en la Constitución española".
La personación se enmarca "en el compromiso de la AMI por la libertad de prensa, necesaria para el buen funcionamiento democrático".
La asociación, que representa a más de ochenta medios de comunicación nacionales e internacionales, constituye un punto de encuentro para promover la libertad de prensa, defender el libre ejercicio del periodismo y fomentar la inmovación.
El juez Florit, a petición de la Policía y con el visto bueno de la fiscalía anticorrupción, dictó el pasado 11 de diciembre un insólito auto dentro de una causa por presunta revelación de secretos, donde figuran como encausados dos agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado al empresario de la noche Bartolomé Cursach.
No eran investigados
El magistrado ordenó la requisa de los teléfonos móviles y otros dispositivos de trabajo de los dos redactores, que no figuraban como investigados en esa pieza separada.
Días después, el 21 de diciembre, Florit dictó un segundo auto dejando nulo y sin efecto el del 11 anterior al haberse producido "en este momento una mengua importante de la necesidad y eficacia de las medidas acordadas".
En ese mismo auto, el instructor dispuso que el material intervenido fuera devuelto a los periodistas.
