El auto del pasado 11 de diciembre en el que el juez Miguel Florit ordenó la requisa de los móviles y otros dispositivos de trabajo de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y el registro de sus lugares de trabajo pese a no ser investigados en una pieza separada del caso Cursach, la presunta trama de corrupción en torno al empresario de la noche del mismo nombre, por presunta revelación de secretos obvió toda mención al secreto profesional de ambos redactores.
Florit dictó un auto de apenas cinco folios donde explicó que la Policía Nacional le había pedido la víspera el registro de Europa Press y Diario de Mallorca, "donde pueden encontrarse objetos e indicios que puedan servir para el esclarecimiento del presunto delito de revelación de secretos (atribuido a dos agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado a Bartolomé Cursach)".
El fiscal anticorrupción Juan Carrau que Florit no reseña en su auto.
El juez, a continuación, razona que la inviolabilidad de domicilio no es un derecho absoluto y no puede constituir "un medio para la ocultación de hechos delictivos",
Según el magistrado, en las redacciones de Diario de Mallorca y Europa Press "pueden encontrarse objetos e indicios que puedan servir para el esclarecimiento del presunto delito de revelación de secretos". El auto también menciona varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite el registro de los papeles del investigado o de otra persona, "cuando ello fuera necesario para el resultado del sumario".
Otras disposiciones de la misma Ley son mencionadas en los fundamentos jurídicos de la resolución para justificar la requisa de los dispositivos electrónicos de ambos informadores.
Florit añade que con las requisas y los registros "se pretende el estudio de Wapsapps, correo electrónico y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación del denominado caso Cursach y sus derivados".
El auto y su materialización dieron lugar a la interposición de una querella por Mestre, Pou y sus medios de comunicación contra el juez Florit por prevaricación judicial, delito contra la inviolabilidad de domicilio y delito contra el secreto profesional, querella que investiga el Tribunal Superior de Justicia.
Florit dictó un segundo auto el 21 de diciembre en el que dejó sin efecto el auto de 11 de diciembre y ordenó la devolución de los teléfonos a los periodistas.
Por otro lado, el informe a favor de las requisas y registros de la fiscalía anticorrupción sí que menciona el secreto profesional de los abogados o la exención de declarar como testigos de determinados parientes de los investigados. La fiscalia afirma que los periodistas no están amparados por dichas excepciones que también se extienden a la obligación de facilitar información.
