Las organizaciones Trial International y Womens Link Worlwide, en colaboración con Memòria de Mallorca, presentaron este lunes el primer caso relativo a las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo ante las Naciones Unidas, por un matrimonio desaparecido en Manacor.
Las entidades presentaron una comunicación individual en nombre de Francisca Alomar Jaume y Bartolomea Maria Riera Alomar, la hija y la nieta, respectivamente, de un matrimonio de Baleares, desaparecido forzadamente en 1936, informaron en un comunicado las ONG.
En agosto de 1936, el matrimonio conformado por Margalida Jaume y Antonio Alomar fueron vistos por última vez en Manacor. A pesar de que la suerte y el paradero de Margalida y Antonio no han sido esclarecidos por ninguna fuente oficial, los testimonios orales indican que fueron detenidos ilegalmente y más tarde hechos desaparecer por partidarios de Franco.
Asimismo, los testimonios indican que Margalida, embarazada de 7 meses en el momento de los hechos, fue también agredida sexualmente.
La hija menor del matrimonio, Francisca, que tenía 8 años cuando sus padres desaparecieron, recién cumplidos los 90 aún no sabe qué les ocurrido. Junto a su sobrina, y con el apoyo de las dos organizaciones, ha decidido presentar su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La abogada de Womens Link Worldwide, Teresa Fernández Paredes, explicó que la Ley de Amnistía de 1977 impide la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura y añadió que "el presupuesto para la búsqueda de los desaparecidos es, además, altamente insuficiente".
"Como consecuencia, víctimas como Francisca solo pueden dirigirse a mecanismos supranacionales en su búsqueda por la verdad y justicia", aseguró.
Al presentar este caso ante el comité, las organizaciones esperan incidir en las autoridades españolas para que esclarezcan los crímenes del pasado.
De acuerdo con Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual el estado español es parte, las autoridades deben, entre otras obligaciones, buscar a los desaparecidos y en su caso, localizar, exhumar y entregar sus restos a sus familiares; identificar a los responsables, juzgarlos y condenarlos; y proporcionar una reparación integral por los daños materiales y morales ocasionados.
Las entidades enmarcan estos hechos en una práctica sistemática de desapariciones forzadas de simpatizantes de la República española, y de aquellos percibidos como simpatizantes. Las mujeres estaban sometidas a un riesgo agravado, no solo por su participación política propia, sino también a menudo como venganza por la de sus familiares.
Añaden que, además, las mujeres fueron represaliadas por incumplir el modelo tradicional femenino del nacional catolicismo y castigadas específicamente por ello.
