12 de enero de 2019
12.01.2019
Educación

Enfado y estupor de la UIB y de las empresas por tener que cotizar por todos los becarios

La medida aprobada por sorpresa obliga a dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas no remuneradas - La CAEB alerta de que pueden desincentivar la firma de estos contratos de formación

12.01.2019 | 02:45
Alumnos de la Universitat de les Illes Balears.

Las empresas de las islas y Universitat aún están digiriendo la medida aprobada por el Gobierno por sorpresa que obliga a dar de alta en la Seguridad Social a todos los estudiantes que hagan prácticas, aunque sean obligatorias y no estén remuneradas. Entre los empresarios se advierte: puede que se logre un efecto disuasorio y las empresas dejen de ofertar estas prácticas.

Esta medida fue aprobada a finales de diciembre por el Gobierno socialista, incluida en el real decreto para la revalorización de las pensiones públicas, en el que figuraban otras medidas de carácter social y laboral.

"Situación de desprotección"


La disposición quinta del real decreto que fija que todos los becarios cotizarán quiere acabar con la "situación de desprotección de los becarios". Ese fin, según el redactado, justifica su aprobación "por razones de extraordinaria y urgente necesidad". La principal inquietud de universidades y empresas es: ¿Quién pagará por esta cotización de 51 euros mensuales?

La norma lo atribuye a las instituciones o empresas a las que vayan los alumnos a hacer prácticas salvo que se especifique otra cosa en los pertinentes convenios, aunque aún tiene que redactarse el correspondiente reglamento donde se perfilarán estos detalles.

Actualmente los estudiantes que hacen prácticas remuneradas (extracurriculares) ya cotizan, pero los alumnos con prácticas curriculares no.

¿Cuántos son? La Universitat de les Illes Balears ahora está haciendo los cálculos, aunque su vicerrectora de Estudiantes, Rosabel Rodríguez, ya avanza que son "miles". Y es que hay numerosos estudios de la UIB que tienen prácticas curriculares obligatorias (Magisterio; los de ciencias de la salud; Economía...). Unos 700 estudiantes hacen prácticas extracurriculares, pero para éstas ya es obligatoria la cotización.

A estos miles de universitarios, habría que sumar los alumnos de FP de grado medio y superior que también hacen prácticas.

Rodríguez razona que, además de la cuestión económica, el tema supone dificultades de gestión ya que cada estudio es una realidad muy particular y exige su propio convenio (que ahora deberían ser renovados según este real decreto). En el caso de los estudiantes de magisterio por ejemplo, ¿quién asumiría la cotización? ¿la conselleria de Educación?

Y en el caso de las empresas, la posibilidad de que dejen de ofrecer puestos formativos para no asumir el coste de su cuota de la Seguridad Social supone un riesgo especialmente grande para los estudiantes que tienen que hacer prácticas de forma obligatoria para obtener el título.

La vicerrectora indica que todas las universidades están sorprendidas con esta decisión unilateral del Gobierno y que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) es la que está liderando la petición de diálogo y negociación con el Gobierno tras haberse enterado de la propuesta por sorpresa en el BOE del día de los Santos Inocentes.

"Grave problema económico"


La CRUE advirtió en seguida que puede suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.

Los rectores criticaron además la aprobación de una medida de este calado "sin diálogo previo". El Gobierno anunció el pasado martes que se reunirá durante los próximos tres meses con "todos los actores de la comunidad universitaria" para tratar el desarrollo de esta disposición adicional.

Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), también critica la falta de diálogo del ministerio de Trabajo en este punto, así como la medida en sí: "No estamos de acuerdo ni con el fondo ni con la forma".

"Puede perjudicar a los alumnos"


El coste de la medida despierta sus inquietudes: "La aplicación del actual texto conlleva nuevos costes que se suman a los que ya afrontan las empresas", señalan, algo que puede desincentivar a las compañías y provoque un descenso de los contratos de formación, con lo que "finalmente se verían perjudicados los estudiantes".

La entidad balear, a través de la CEOE, va a pedir que el real decreto no se aplique de forma automática y se convalide por una ley que sí haya sido negociada, algo que debe hacerse a través de la Mesa de Diálogo Social.

Planas defiende que los contratos de formación pueden regularse sin forzar a dar de alta en la seguridad social a todos los becarios. La CAEB cree que el real decreto otorga a los jóvenes con contratos de formación unas atribuciones "propias de una relación laboral propiamente dicha", cuando la confederación entiende que esta contratación "no tiene carácter laboral sino formativo".

No todas las empresas se oponen a la medida: la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) defiende la propuesta del ministerio de Trabajo ya que "protegerá" a los becarios y servirá para "acabar con las plantillas de estudiantes en prácticas que trabajan sin obtener una remuneración y sin cotizar".

Según el presidente de PIMEM, Jordi Mora, "es cierto que la medida puede interpretarse como un elemento recaudatorio", pero es una decisión correcta" que "fomentará la inserción laboral de los estudiantes" y fomentará que no se realicen "prácticas abusivas" sobre ellos.

"¿Quién asume el coste?"


Eso sí, para Mora, como para todos los agentes implicados, la pregunta clave es quién pagará la cuota de la Seguridad Social por estos estudiantes. El presidente de PIMEM ve "necesario" dejar muy claro quién asumirá ese coste "si las empresas, los centros de formación o ambos, de forma compartida".

Desde PIMEM defienden que "si se tiene un sano y buen tejido laboral" se podrá conseguir que el valor de las empresas del Estado crezca y atraer incluso a un mayor público estudiantil extranjero.

Todos los actores implicados están pendientes ahora de que el ministerio de Trabajo inicie ahora el proceso de negociación para redactar el reglamento por el que se regulará esta disposición y que definirá el nuevo escenario para todos los becarios, las universidades y las empresas.

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