La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada por el Gobierno el pasado 14 de diciembre ha obligado a la conselleria de Vivienda del Govern balear a revisar algunos aspectos de la normativa autonómica en materia de vivienda, especialmente en lo referente a pisos desocupados.
Hay un cambio de calado: el periodo de cesión de los inmuebles vacíos de los grandes propietarios al IBAVI pasará de tres a siete años, tiempo durante el que se destinarán a alquiler social. También se limitan las subidas anuales de los contratos a lo que marque el IPC y se pone al alcance de los municipios la posibilidad de subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías.
Inferiores a 900 euros
La ley estatal prohíbe que las actualizaciones de los contratos sean superiores a lo que marque el IPC en los alquileres de renta reducida. En Balears forman parte de ese club los arrendamientos inferiores a los 900 euros.
"Todo nuevo contrato que se firme en las islas y esté por debajo de 900 euros, solo se podrá actualizar cada año según el IPC como máximo, no podrá haber incrementos superiores. Esa es la práctica habitual, pero a veces no se hace así, y se establecen subidas del 3% o del 4%", indicó Marc Pons, conseller de Vivienda del Govern.
Pero la gran novedad afecta a la duración del periodo de cesión de pisos vacíos de grandes propietarios al IBAVI. La nueva LAU alarga los contratos, que pasan de tres a cinco años. Siete, si el propietario del inmueble es una empresa. Ese es el caso de los más de 800 pisos vacíos inscritos hasta ahora en el Registro del Govern, mayoritariamente en manos de bancos.
De este modo, los futuros beneficiarios de esos pisos los disfrutarán por un tiempo mínimo de siete años, cuatro más que los que fijaba inicialmente la normativa autonómica.
Sin embargo, todavía habrá que esperar para que esas cesiones se formalicen. La conselleria de Vivienda ha tenido que parar la tramitación de un decreto que define qué es un piso vacío y regula su cesión al IBAVI para adaptarlo a la nueva LAU. El Govern espera que el texto pueda ser aprobado en marzo. Sólo entonces iniciará la cesión de los 859 inmuebles que ahora figuran en el Registro y que presenten unas mínimas condiciones de habitabilidad.
La normativa estatal también se lo pone más fácil a algunos ayuntamientos para aumentar su recaudación. Es el caso de los de Mallorca, que podrán aplicar un recargo de hasta el 50% en el impuesto del IBI a los propietarios de viviendas desocupadas porque así lo prevé la ley de vivienda de Balears.
Consumo de agua
De nuevo el departamento de Pons esperará a aprobar el decreto que concretará qué se entiende por vivienda desocupada para dar más garantías a los municipios que quieran subir el impuesto. Se tendrán en cuenta criterios objetivos como el consumo de agua o electricidad, al tiempo que se comprobará si figura alguien empadronado en la vivienda.
"Las modificaciones de la LAU nos han obligado a parar máquinas. Si no existe un acuerdo voluntario con el propietario para que ceda un piso vacío, necesitamos este decreto para tener la fuerza legal para gestionar esa cesión", afirmó Pons.
Estas reformas legislativas pretenden paliar la escasez de viviendas de alquiler no turístico que existe en Balears.
