Si los doce acusados de Mar Blau y sus abogados hubieran acordado las penas por su cuenta, habrían sido más duros consigo mismos que la fiscalía Anticorrupción. Por tanto, ¿para qué han de pagar los ciudadanos a acusadores públicos que se desentienden de los cargos que previamente han formulado con ardor, sin defender siquiera las tesis que propugnan en un proceso que acaba en farsa?
El oscuro pacto del caso Mar Blau exterioriza una gran camaradería entre los teóricos representantes del Estado y los ayer presuntos corruptos, ahora esplendorosos inocentes. La postración de la fiscalía ante personajes a quienes acusaba de delitos gravísimos implica la disolución de la Justicia, en el sentido metafórico pero también burocrático. Si las peticiones de penas de 18 o diez años pueden cancelarse antes de contrastarlas, no se celebraría un solo juicio en todo el mundo. Y dado que la ley ha de ser previsible, ya se puede avanzar que el caso Cursach le saldrá a los ciudadanos a pagar a los procesados.
La Autoritat Portuària de Balears es esencialmente sombría y truculenta, tanto en su configuración actual con Podemos como en los tiempos clásicos del PP. Así lo consideró el juez instructor del Mar Blau, al destacar que solo se elevaba a juicio una porción ínfima de los desaguisados en la institución que vela presuntamente por el tráfico portuario. Bajo esta premisa, Anticorrupción ha pactado la ley de la selva y, según sus propios criterios, desampara a los ciudadanos que quedan a merced de desaprensivos en asunto tan sensible como la gestión del litoral.
Cabe imaginar el alivio de la actual Autoritat Portuària, ante la parodia de juicio del caso Mar Blau. El conglomerado de políticos de derechas, izquierdas, nacionalistas, empresarios y sindicalistas que cobran suculentas dietas del consejo pueden continuar con sus cabriolas. En caso de desliz, basta que contacten con los abogados y los fiscales oportunos.
La humillación de los ciudadanos a cargo de sus representantes jurídicos no puede sorprender a quienes ya pudieron extasiarse con la rendición de la fiscalía ante Jaume Matas, en Over Marketing. Debe ser casualidad que estas declaraciones de inocencia o inocentadas surjan siempre gracias a la negociación entre los mismos funcionarios y los mismos abogados.
La única actividad reconocida hoy de Anticorrupción consiste en secuestrar los móviles de los periodistas que informan sobre corrupción. En esta campaña represora de la libertad de expresión se muestra inflexible, sin admitir pactos ni componendas. Lástima que en el caso Mar Blau no hayan encontrado todavía a un miembro de la prensa a quien colgarle el mochuelo de los manejos portuarios. Todo se andará, los corruptos están de enhorabuena.
