La ministra de Educación, Isabel Celaá, presentó ayer su proyecto de reforma educativa a los consellers de las comunidades autónomas, que "trata de combinar de manera equilibrada la necesidad de garantizar el aprendizaje del castellano" con "la presencia adecuada" de las lenguas propias de cada comunidad. Da a las comunidades autónomas esa competencia.
"Se hace hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la educación básica con el nivel adecuado para expresarse oralmente y por escrito en una y otra lengua", subrayó. Además, la nueva ley contempla que el nivel de competencia logrado en cada una de las lenguas sea objeto de "un análisis permanente por parte de los centros, para detectar y corregir las dificultades".
En Balears ya se realizan evaluaciones para medir el nivel de competencias lingüísticas en 6º de Primaria y 4º de ESO.
El borrador de la Ley Celaá prevé que sean las comunidades las que decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como "lengua vehicular", con el objetivo final de que el alumnado sepa expresar y comprender ambas lenguas al finalizar la etapa obligatoria, según el texto del Ministerio.
"A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes", dice el documento.
Esta medida ha sido criticada por el PP, que preguntó a Celaá en el Senado cómo pretendía "garantizar" que los padres puedan elegir libremente la lengua de enseñanza de sus hijos.
La Ley Celaá prevé que un 55% de los contenidos y materias serán definidos por el Estado en las comunidades con dos lenguas oficiales y un 65% en las que solo tengan una lengua oficial.
La norma elimina los itinerarios de ESO y se garantiza la obtención de un título único al final de la ESO.
El Bachillerato seguirá siendo de dos años pero los estudiantes que hayan finalizado primero con más de dos asignaturas suspendidas solo tendrán que repetir esas materias y no el curso completo. Se podrá obtener el título "de forma excepcional" con una materia suspendida.
Para reducir el índice de repetición, el anteproyecto contempla que si el estudiante debe repetir, la decisión tiene que adoptarse por todo el equipo docente y si el alumno finalmente repite, lo hará con un plan individualizado.
Religión
En cuanto a la Religión, el anteproyecto "se atiene a los acuerdos con la Santa Sede". Seguirá siendo de oferta obligada para los centros y voluntaria para el alumnado y la nota no contará para hacer media. No habrá materia alternativa para los que no quieran hacer Religión. Valores cívicos y éticos se impartirá en Primaria y ESO.
El borrador elimina la "demanda social" como criterio para la planificación escolar, un "eufemismo", en palabras de Celaá, para "propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada".
March defendió la necesidad de regular la etapa 0-3
El conseller de Educación y Universidad, Martí March, estuvo presente ayer en la Conferencia Sectorial en la que la ministra de Educación, Isabel Celaá, expuso a los responsables autonómicos de Educación su proyecto de reforma. El representante del Govern balear defendió durante su intervención la necesidad de que el Gobierno central regule la etapa 0-3 de Educación Infantil: “Nos parece básica esta regulación para dar respuesta a una necesidad cada vez más prioritaria para la sociedad de Balears y de España”. El conseller expresó su conformidad con el informe del Ministerio, que argumenta que “algunos de los planteamientos previstos en la LOE requieren una actualización y especialmente después de que la LOMCE modificase alguno de sus objetivos y principios”.
