PSIB, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca registraron ayer en el Parlament una Proposición no de Ley instando al Gobierno central a cambiar la Ley tributaria estatal con el fin de que inmigrantes sin papeles que estén empadronados en cualquier municipio del país puedan recibir ayudas económicas de carácter social por parte de las administraciones públicas.
Según explicó Agustina Vilaret, de Més per Mallorca, en la actualidad instituciones como el Consell o el ayuntamiento de Palma se ven obligados a denegar subsidios económicos a estos inmigrantes, después de haber sido atendidos y valorados por los servicios sociales, porque la legislación estatal obliga a los beneficiarios de ayudas económicas a identificarse con el DNI, NIE o NIF. Los inmigrantes en situación administrativa irregular no cuentan con estos documentos, aunque tengan pasaporte y se encuentren empadronados en municipios de las islas, por lo que quedan excluidos del acceso al catálogo de prestaciones económicas de las distintas administraciones públicas.
Mercè Borràs, concejala de Bienestar y Derechos Sociales del ayuntamiento de Palma, explicó que Cort tiene identificadas a "unas sesenta familias empadronadas en Palma. En el Ayuntamiento es suficiente con tener pasaporte y estar empadronados en Palma para poder recibir asistencia y ayudas en especies, pero no prestaciones dinerarias.
Borràs acudió al Parlament para participar en la presentación, junto a los representantes de los partidos del Pacto en la Cámara balear, de la propuesta que, según explicaron, nace de Cort, en donde se aprobó una moción similar con el consenso de todos los partidos. Vilaret precisó que en el Parlament por el momento no se han querido sumar PP, Ciudadanos y El Pi, aunque confió en que al final voten a favor. "Las personas sin papeles deben tener derecho a esta prestación", defendió la diputada.
En su propuesta los partidos del Pacto resaltan que la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España deja claro que "los extranjeros, sea cual sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales básicas".
Apoyo económico
Ayuntamientos, consells y servicios sociales autonómicos tienen la competencia de la atención, valoración y apoyo económico a las personas empadronadas que estén en situación de necesidad social. A su vez, la Ley de Servicios Sociales balear y el Decreto de 2016 del Govern que regula la cartera de servicios sociales, así como reglamentos municipales de prestaciones económicas, determinan que los ayuntamientos y otras administraciones deben atender las situaciones de necesidad social con ayudas económicas o técnicas y a través de prestaciones económicas garantizadas para cubrir las necesidades básicas.
Así se da un conflicto normativo entre la legislación de las islas en esta materia y la estatal sobre gestión tributaria que obliga a todos los beneficiarios de ayudas económicas a identificarse con el DNI, NIE o NIF, ya que tiene la consideración tributaria de rendimientos del trabajo aunque estén exentos del impuesto del IRPF.
"Los servicios sociales atienden a personas extranjeras sin recursos y, tras su valoración, no pueden prestarles ayudas de emergencia social porque carecen de esta documentación", insistió Vilaret, quien incidió en que de este modo se crea "una situación de emergencia social dadas las situaciones de necesidad de estas personas que acuden a los centros municipales de servicios sociales". Así, se da la paradoja de que "estas personas más necesitadas no pueden ser beneficiarias de prestaciones para la cobertura de las necesidades básicas".
