La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha presentado hoy su proyecto de reforma educativa a los consellers de las comunidades autonómas, que "trata de combinar de manera equilibrada la necesidad de garantizar el aprendizaje del castellano" con" la presencia adecuada" de las lenguas propias de cada comunidad.

"Se hace hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la educación básica con el nivel adecuado para expresarse oralmente y por escrito en una y otra lengua", ha subrayado. Además, la nueva ley contempla que el nivel de competencia logrado en cada una de las lenguas -el castellano y la lengua cooficial-, sea objeto de un análisis permanente por parte de los centros, lo que permita detectar y corregir las dificiultades en su aprendizaje". En Baleares, ya están previstas unas evaluaciones de diagnóstico para evaluar el nivel de competencias lingüísticas (además de la matemática), pero sólo se hacen en 6º de Primaria y en 4º de ESO.

El borrador de la 'Ley Celaá' prevé que sean las comunidades autónomas las que decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como "lengua vehicular", con el objetivo de que el alumnado sepa expresar y comprender ambas lenguas al finalizar la educación obligatoria, según el texto elaborado por el Ministerio.

"A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes", se lee en el documento.

Esta medida ha sido criticada por el PP, que preguntó a Celaá en el Senado cómo pretendía "garantizar" que los padres puedan elegir libremente la lengua de enseñanza de sus hijos, algo que peligra, en opinión de esta formación, por plantear la cesión "de las competencias lingüísticas a las comunidades autónomas" en el borrador de la reforma.

La llamada 'Ley Celaá' pretende modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en 2006 durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, porque sobre ese texto "reclinaba la LOMCE" de 2013 que ahora pretende derogar, según explicó la ministra de Educación y Formación Profesional.

Según la nota remitida por el ministerio,otra novedad es que se eliminan los itinerarios de ESO (siguiendo las recomendaciones de la OCDE) y se garantiza la obtención de un título único al final de la ESO, tanto del alumnado que haya cursado 3º y 4º de la ESO a través de programas de mejora de oportunidades (PMAR), como desde la FP Básica.

El Bachillerato seguirá siendo de dos años pero los estudiantes que hayan finalizado primero con más de dos asignaturas suspendidas no tendrán que repetir el curso completo, sino solo las materias pendientes. "El objetivo es motivar a los alumnos para que continúen en el sistema, sobre todo los que están en situaciones socioeducativas más complejas", argumenta el ministerio.

Para reducir el índice de repetición, el anteproyecto contempla que si el estudiante debe repetir, la decisión tiene que adoptarse de manera colegiada por todo el equipo docente y si el alumno o alumna finalmente repite, lo hará con un plan individualizado de repetición, cuyo seguimiento realizará un profesor del centro.

En Bachillerato, el estudiante podrá obtener el título con una asignatura suspendida de forma "excepcional", medida que deberá aprobar "el equipo docente en conjunto" e implicará cumplir una serie de requisitos. El ministerio ha defendido esta medida, que ha sido cuestionada, argumentando que ya existe en países como Francia o Reino Unidos y una práctica habitual en el Bachillerato Internacional.

En cuanto a la Religión, el anteproyecto "se atiene a los acuerdos firmados con la Santa Sede". Seguirá siendo de oferta obligada para los centros y de opción voluntaria para el alumnado y la nota no contará para hacer media. No habrá asignatura alternativa para los que no quieran hacer Religión.

La asignatura de Valores cívicos y éticos se impartirá en un curso de la Educación Primaria y de ESO y de forma transversal habrá contenidos de la asignatura en todas las materias.

El borrador también elimina la "demanda social" como criterio para la planificación escolar, un "eufemismo", en palabras de Celaá, para "propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada" que se incorporó en la LOMCE redactada por el exministro del PP José Ignacio Wert.

La 'Ley Celaá', de momento, no ha logrado adhesiones en el resto de los grupos parlamentarios. "Este anteproyecto cuenta ahora sólo con 84 diputados", advirtió Unidos Podemos, el principal socio del Gobierno de Pedro Sánchez, el pasado mes de diciembre.