09 de enero de 2019
09.01.2019
Diario de Mallorca

Lo que dice y lo que no dice el decreto sobre el catalán que ha escandalizado a Vox

El decreto no obliga a los abogados a hablar en catalán en los juicios, más allá de aquellos a sueldo del Govern. Tampoco se atenderá "exclusivamente" en catalán a los ciudadanos en la administración

09.01.2019 | 22:18
Lo que dice y lo que no dice el decreto sobre el catalán que ha escandalizado a Vox

"El Gobierno balear aprueba un decreto que obliga a los abogados a hablar en catalán en los juicios". Con este encabezado difundía ayer Vox una nota de prensa para criticar el decreto del Govern que regula el uso del catalán en la administración pública. Pues no, lejos de esa premisa, el decreto no obliga a todos los abogados de las islas a tener que hablar catalán. Tampoco es cierto, como denuncia el partido ultraderechista en su comunicado, que con este decreto la administración pública "sólo atenderá en catalán" a los ciudadanos.

El Govern aprobó en su último Consell de Govern del año la recuperación del decreto que regula el uso del catalán y que estuvo vigente desde la Ley de Normalización Lingüística aprobada durante el gobierno del PP de Gabriel Cañellas y sólo derogado durante la pasada legislatura de José Ramón Bauzá. Sobre el asunto de la justicia, que Vox resume en que "pretende imponer el catalán hasta en la administración de justicia donde la Autonomía no tiene competencias", lo único que establece el decreto se refiere sólo a los letrados de la Abogacía del Govern, rezando que "los abogados y representantes legales de la Administración utilizarán el catalán en sus actuaciones de carácter procesal ante los órganos judiciales radicados en Baleares o dentro del ámbito lingüístico catalán".

"Este decreto obliga a todos los trabajadores públicos a redactar y hablar exclusivamente en catalán", asegura también Vox. Pero también se trata de una interpretación forzada, ya que más allá de las comunicaciones oficiales el texto no entra en la lengua que puedan usar los empleados públicos durante su jornada. Que obliga a "hablar exclusivamente en catalán" es una aportación de cosecha propia del partido de Jorge Campos y de Santiago Abascal.

Tampoco se ajusta a la realidad que "también afecta a los ciudadanos que tengan que relacionarse con la administración pública de Baleares ya que ésta sólo les atenderá en catalán". Lo que establece el decreto es que "en la atención a los ciudadanos, tanto presencial como telefónica y telemática, el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma iniciará normalmente la comunicación en catalán", pero dejando claro que "sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a ser atendidos en castellano".

Lo que sí que es cierto es que el decreto establece que la rotulación interna y externa, la megafonía, la publicidad institucional o el software informático deberá ser en catalán, que las empresas que trabajen para la administración también deberán disponer de personal que hable en catalán para garantizar la atención en las dos lenguas cooficiales en sus servicios o que para un ciudadano o empresas para recibir documentación en castellano deberá solicitarlo previamente. Lo mismo ocurrirá a los ciudadanos de fuera de Baleares, que recibirán las notificaciones en castellano y deberán solicitar si las quieren en catalán.

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