El expediente administrativo sancionador incoado por el departamento de Farmacovigilancia del Govern por la venta irregular del Minerval, un fármaco para tratar un cáncer cerebral muy agresivo que se encontraba en fase de investigación y, por tanto, no había sido autorizada su venta por parte de las agencias reguladoras de los medicamentos, le fue notificado a su principal responsable, el catedrático de Biología Celular de la UIB Pablo Escribá, estas pasadas navidades. En el expediente administrativo se le reclama a Escribá la sanción máxima por esta presunta venta de un falso fármaco: un millón de euros.
La venta de un medicamento cuya comercialización no ha sido autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) está tipificada como una infracción muy grave en el real decreto 1/2005 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Esta infracción muy grave, además, puede ser graduada en tres categorías: mínima, media y máxima. Y finalmente, en el expediente administrativo incoado estas pasadas navidades, se ha calificado esta presunta venta de un falso medicamento de infracción muy grave en su grado máximo por lo que se le ha exigido al catedrático universitario que satisfaga un multa de un millón de euros.
El expediente administrativo sancionador ha decidido imponerle la máxima sanción posible toda vez que la horquilla establecida para las infracciones muy graves en su grado máximo va desde los 600.001 euros hasta el millón de euros que finalmente se le ha decidido reclamar.
Ahora la defensa de Escribá podrá alegar lo que considere oportuno para intentar eludir el pago de esta sanción antes de la resolución definitiva del expediente sancionador incoado estas pasadas fiestas.
Responsable civil subsidiario
Desde el departamento de Farmacovigilancia y Control del Medicamento, organismo dependiente de la dirección general de Farmacia que ha instruido el expediente administrativo sancionador, se estimó en su momento que, en caso de que el catedrático no pudiera satisfacer la multa exigida por la Administración, debería ser la empresa Lipopharma a través de la que se comercializó el medicamento en fase de experimentación la que respondiera de forma subsidiaria.
No obstante, el propio Pablo Escribá, en declaraciones a un medio de prensa escrita de las islas, rechazó la apreciación de que debería ser la empresa Lipopharma la que respondiera de forma civil subsidiaria al asegurar, literalmente, que eso era "una equivocación, el responsable subsidiario, en todo caso, debería ser la UIB, concluyó.
Como se recordará, el titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, decidió a mediados del pasado año archivar el denominado caso Minerval al considerar que no quedaba acreditada la comisión de un delito de estafa contra las personas que decidieron adquirir el falso fármaco pagando además unas sumas muy elevadas. En la resolución judicial se estimó que todos los compradores de Minerval eran conocedores de que se trataba de un fármaco muy prometedor en fase de experimentación. Pese a archivarse el caso, se dejó abierta la vía para interponer una sanción administrativa por su venta irregular.
