La cúpula de la Autoritat Portuària de Balears (APB) entre 2002 y 2008, incluidos el expresidente Francesc Triay y el exdirector de Puertos Ángel Matías, no pisará la cárcel por el llamado caso Puertos o Mar Blau, una presunta trama de corrupción en torno a tres concesiones de amarres públicos a varias empresas. Mañana está previsto que se selle el acuerdo entre la fiscalía anticorrupción y las acusaciones particulares, por un lado, y las defensas de los 12 acusados para evitar un largo juicio oral por unos hechos cuyos antecedentes se remontan a 2002.
La fiscalía anticorrupción ha decidido retirar la acusación contra Triay, defendido por Eduardo Valdivia, y otros acusados. También ofrecerá una pequeña pena de cárcel, sustituible por una multa para Ángel Matías, representado por Josep Zaforteza.
Las acusaciones han decidido aplicar a los encausados que siguen en el caso la atenuante de dilaciones indebidas, dado los 14 años que han transcurrido entre los hechos y la convocatoria de la vista oral.
Los que se sienten en el banquillo tampoco tendrán que pagar unas indemnizaciones millonarias al Estado por los supuestos perjuicios sufridos tras los amaños de los concursos, dado que la Autoritat Portuària no ha reclamado suma alguna. El juez de instrucción estableció una fianza de 50 millones para los acusados.
El ex dirigente socialista Francesc Triay, expresidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB); el empresario Gerardo Díaz Ferrán; el exdirector de Puertos de Balears, Ángel Matías y otros 9 acusados por el llamado caso Puertos o Mar Blau, un presunto entramado de corrupción en torno a tres concesiones en puertos de Maó, Eivissa y Formentera, iban a ser juzgados a partir de mañana por la Audiencia.
La fiscalía anticorrupción imputaba inicialmente a los 12 acusados un rosario de delitos: alteración de subastas y concursos; falsedad documental; fraude a la administración; prevaricación; tráfico de influencias; cohechos; revelación de secretos; infidelidad en la custodia de documentos y malversación.
Las acusaciones particulares reclamaban penas de 14 años para Díaz Ferrán y Triay y de 35 años para Ángel Matías. La fiscalía anticorrupción solicitaba 10 años de privación de libertad para Triay y elevadas penas para el resto de acusados.
Tres acusaciones particulares -el particular Ramón Orfila Sintes (que denunció los hechos), la Asociación de Usuarios del Puerto de Ibiza y la empresa Formentera Mar S.A.- pedían la condena para 11 personas, entre empresarios, ejecutivos de esas sociedades y exaltos cargos o funcionarios de la Autoritat Portuària. Otra acusación, Marina Botafoch, representada por Fernando Mateas, se adhirió el lunes a la acusación del fiscal.
Las acusaciones y la fiscalía también solicitaban multas e indemnizaciones millonarias para el Estado. Entre los acusados también destacaban Juan Carlos Rodríguez-Toubes Núñez, almirante de la Armada en la reserva activa y presidente de Trapsa Yates, una antigua empresa de Díaz Ferrán, expresidente de la patronal española y en prisión por otras causas, implicada en la presunta trama.
La fiscalía anticorrupción mantenía que responsables de la APB se conchabaron con el grupo Marsans para amañar al menos dos importantes concursos, en Menorca e Eivissa.
