Asociaciones de conductores y patronales del transporte son notablemente críticas con el papel que los radares fijos están jugando en materia de seguridad vial. No se cuestiona el peligro que los excesos de velocidad suponen ni la necesidad de perseguir con dureza a los infractores, pero sí se critica la ubicación asignada a estos dispositivos, con un peso muy fuerte de las autopistas, cuando se considera que la mayor peligrosidad se registra en las carreteras secundarias.
Por ello, se insiste en que la función que en realidad están cumpliendo estos radares, mas que disuasoria, es recaudatoria, al instalarlos en puntos donde se ‘caza’ a muchos conductores más que en aquellos en donde la peligrosidad de las velocidades excesivas es superior.
Al margen de este debate, lo que nadie discute es que las multas derivadas de la actividad de estos aparatos son cada vez mayores en Balears. A lo largo de todo 2012 estos dispositivos registraron 17.647 denuncias en las islas, cifra que bajó hasta las 9.190 en 2013, para elevarse a las 29.774 en 214.
Fuertes incrementos
Los incrementos a partir de aquí han venido siendo muy fuertes. En 2015 se contabilizaron 54.713 multas para subir hasta las 65.467 en 2017.
Los datos facilitados por Tráfico de 2017 corresponden solo a sus diez primeros meses, y en este periodo la cifra de denuncias fue de 61.408. Y durante los diez primeros meses de 2018 se alcanzaron las 115.035.
Eso ha supuesto recaudaciones en concepto de multas que en las islas han superado los 10 millones de euros anuales a lo largo de 2014, 2015 y 2016. Por lo que respecta a 2017, y en este caso solo durante sus diez primeros meses, esa cuantía económica ha sido de 7,2 millones de euros.
