La Policía tuvo en su poder casi 24 horas, y sin control judicial, los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou que les fueron confiscados el pasado 11 de diciembre en virtud de un auto del juez Florit, que investigaba bajo secreto un presunto delito de revelación de secretos en el sumario del caso Cursach. El juzgado de instrucción 12, en cuya caja fuerte fueron depositados los dispositivos electrónicos el 12 de diciembre, devolvió este material de trabajo ayer a Mestre y Pou, redactores, respectivamente del Diario de Mallorca y Europa Press (vea aquí el momento de la recogida)vea aquí el momento de la recogida.
El letrado de la Administración de Justicia de instrucción 12 ha emitido una certificación sobre el posible acceso a los teléfonos y otros dispositivos de ambos periodistas entre el 11 de diciembre y la jornada de ayer, hasta su devolución.
El fedatario público hace una pormenorizada relación de la requisa y custodia de los dispositivos, pero en ese relato hay un período inferior a 24 horas en el que los aparatos quedaron al margen del control judicial.
En la mañana del día 11 una letrada de la Administración de Justicia presenció cómo dos funcionarios de la Policía Judicial metían en bolsas precintadas los móviles de Mestre y Pou y también cómo quedaban igualmente precintados dos ordenadores y una memoria informática de la segunda.
Todo este material fue entregado por la secretaria a los funcionarios policiales, "que se encargaron de su custodia". El objetivo inicial del juez Florit, que investigaba a dos agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales (la unidad que ha llevado las pesquisas contra el magnate de la noche Bartolomé Cursach), era que la Policía analizara el material de los periodistas la Policía analizara el material de los periodistas (que no estaban imputados), para buscar pruebas en contra de los dos funcionarios sospechosos, especialmente documentos del caso Cursach.
Sin embargo, horas después Florit pidió verbalmente a los dos miembros de la Policía Judicial que llevaran el material al juzgado, puesto que si había necesidad de analizar y volcar su contenido, estas diligencias se debían hacer en presencia del fedatario público.
Kiko Mestre destacó ayer que el auto de Florit "era una orden ilegal y lo que hicimos fue presentar una querella". "Mantenemos la querella (contra el juez Florit) como ciudadanos y como periodistas, queremos que se aclare lo que ha pasado y por qué se decidió tomar esta decisión tan drástica. No hemos tenido acceso a la documentación por la cual se justifica esta medida tan drástica que afecta a un derecho fundamental como es la libertad de prensa y sobre todo a la obligación que tenemos de no desvelar nuestras fuentes", apostilló el redactor de Diario de Mallorca. Por su parte, la periodista de Europa Press Blanca Pou afirmó que "la querella se va a mantener porque aunque no se hayan abierto, al parecer, los dispositivos, el daño está hecho. El daño a la libertad de prensa que es muy sensible y delicada está hecho".
"El mensaje que se ha enviado, ese dardo está lanzado. Vamos a continuar con la querella y vamos a ir pidiendo pruebas", añadió Pou, que reclamó saber si ha habido otras diligencias que hayan podido vulnerar su derecho al secreto de las comunicaciones.
Ambos insistieron en que la entrega de sus móviles no fue voluntaria.
