El juez Miguel Florit revocó el pasado 21 de diciembre el auto del día 11 anterior donde ordenaba la requisa y el análisis de los móviles y otros dispositivos y material de trabajo de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, porque ese día ya existía "una mengua importante de la necesidad y eficacia" de las medidas adoptadas respecto a los dos informadores y sus medios de comunicación.

Florit explica en su auto del 21 de diciembre que la incautación, registro y análisis de los instrumentos de trabajo de Mestre y Pou, que eran testigos en la pieza separada secreta, obedecía a un deseo de no entorpecer las investigaciones, y futuras detenciones, de dos miembros del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado a Bartolomé Cursach. Estos arrestos tuvieron lugar el 18 de diciembre y Florit estimó que con esas detenciones ya no era necesario y útil la confiscación de los móviles de los dos redactores de tribunales.

Mestre y Pou y sus medios de comunicación se querellaron contra Florit pocas horas después del auto del 11 de diciembre. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitió dicha querella el pasado 18 de diciembre.