No se sabe qué paso en el caso relatado sobre estas líneas ya que los organismos afectados no pueden facilitar esa información apelando a la protección de datos y asimilando una atención psicológica temprana a cualquier otro acto médico, pero lo cierto es que el servicio de emergencias del 112 tiene firmado con el Colegio Oficial de Psicólogos de Balears (COPIB) un protocolo de actuación inicial en todos los sucesos cuyo desenlace tenga una víctima mortal.
El decano del COPIB, Javier Torres, explica que, en estos casos, "nos activan siempre. Ya sea para atender a la familia e incluso para comunicar un fallecimiento".
Pese a no poder revelar si actuaron o no en el caso que nos ocupa, Torres da una pista sin pretenderlo al revelar que, aparte de esta atención temprana, la institución que dirige obtuvo un proyecto sacado a concurso público por parte de la conselleria de Serveis Socials y Cooperació, más en concreto de su dirección general de Menors y Famílies.
"Este proyecto establece una intervención psicológica de postemergencia en la que se ofrece, en todos los casos, entre 18 y 20 sesiones totalmente gratuitas para poder trabajar con las familias de los fallecidos ya bien sea por un accidente, un suicidio o un caso de violencia de género, explica el decano de los psicólogos de las islas.
La aceptación o no de estas intervenciones es, lógicamente, voluntaria, a demanda de los afectados, recalca Torres antes de concluir que el Servei de Salut nunca debería de dejar de ofrecer ayuda psicológica a una familia que ha pasado por un trance similar al descrito en este reportaje: "Aunque acudieran al servicio posteriormente, nunca se les puede dejar en la estacada".
Otras fuentes consultadas por este diario aseguraron que esta familia debería haber sido derivada, y además de manera preferente, a la unidad de salud mental de Santa Ponça, un dispositivo asistencial que recalcaron además que acumula menos lista de espera de lo habitual en estos casos.
